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"Hay que reconocer ciudadanía dominicana a más de 24 mil haitianos"

"Hay que reconocer ciudadanía dominicana a más de 24 mil haitianos"
Director ejecutivo de FINJUS

Director ejecutivo de FINJUS

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, proclamó que el Estado otorgó acta de nacimiento a más de 24,000 descendientes de haitianos, que han venido desarrollándose y haciendo vida en la República Dominicana, los cuales han sido afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa de televisión “Esferas de Poder”, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró que eso le ha creado un problema muy serio al Estado dominicano.

“El problema es que hay 24,000 gentes que el Estado les dio una acta de nacimiento y cuesta trabajo que el Estado ahora se la venga a quitar, ese es el debate y no otro”, enfatizó.

Afirmó que ninguna de esas personas hizo fraudes, sino que iban con los carnés y que al parecer había una política de Estado donde se les daba su acta de nacimiento.

Asimismo, planteó que los padres que declaraban a esas personas no decían que tenían acta de nacimiento dominicana, sino un carné que lo acreditaba que trabajaban en un ingenio y el Oficial del Estado Civil lo reconocía como dominicano.

Castaños Guzmán advirtió que el Estado no se puede valer de su propia falta, por lo que el asunto debe ser analizado con lógica y sin pasión.

“Esa es una situación de Estado, que incluso la ha cambiado la agenda al presidente de la República”,subrayó.

Plantea que hay cosas en las que el Gobierno no se puede meter, porque no están en su ámbito. Sin embargo, dijo que hay otras que son de su responsabilidad.

“Por ejemplo, resolverle el problema a quienes el Gobierno o el Estado, por la razón que fuese, le dio acta de nacimiento, esa es una realidad, aunque no nos guste”, argumentó.

Dijo esperar que el asunto sea resuelto sobre la base del consenso y que la propuesta no vaya a afectar los derechos adquiridos de personas que a las que el Estado en su momento se los dio.

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