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Finjus pide reforma ley para prevenir actos corrupción

Finjus pide reforma ley para prevenir actos corrupción
Finjus pide reforma ley para prevenir actos corrupción

SANTO DOMINGO, República dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que es necesario introducir cambios urgentes y profundos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones para prevenir actos de corrupción en el manejo de fondos públicos.

Con ese propósito y en extenso documento dirigido a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto, la entidad plantea los siguientes puntos:

-Incorporar a la nueva ley de contrataciones el antiguo párrafo del artículo, que establecía que “las propuestas entregadas contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, así como los contratos celebrados en contravención de la presente ley y su reglamento, son nulos[1], sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.”

Reformar la fragilidad de la figura de las contrataciones de obras, ya que sólo es mencionada en dos ocasiones en toda la legislación, lo que dificulta la posibilidad de regular este tipo de procesos, a pesar de que es un eje fundamental en la relación que existe entre el Estado y los particulares.

-Mejorar los presupuestos jurídicos de la declaratoria de emergencia de una obra, para evitar que actuales fragilidades puedan ser utilizadas como herramienta para legitimar determinados contratos nocivos al interés nacional.

-Incluir en la reforma de la normativa aspectos tales como la participación de funcionarios públicos como agentes privados en el sistema, los mecanismos de supervisión y los tiempos de pago, para que no queden áreas difusas o ambiguas   que podrían afectar el clima de inversión y la seguridad jurídica del país.

-Endurecer sanciones, ya que el artículo 65 de la legislación sobre compras y contrataciones públicas sólo indica que los servidores públicos que transgredan la norma serán pasibles de: amonestación escrita, suspensión sin goce de salario hasta por seis meses, despido sin responsabilidad patronal y sometimiento a la justicia.

En ese sentido, Finjus se pregunta: ¿se corresponden estas sanciones con la importancia social que implica violentar los procedimientos y la sustancia de todo un sistema cuya trascendencia afecta a los intereses sociales, políticos, jurídicos y económicos de todo un país?

Finjus señala que desde el año 2013 en adelante, se ha visto un incremento proyectado de un 114% de instituciones que han sometido planes anuales de compras públicas, lo que demuestra la importancia que representa para las entidades del sector público participar en el sistema de compras y contrataciones.

Sin embargo, apunta que a pesar de los logros alcanzados, se mantienen vigentes elementos que obstaculizan la participación real y efectiva de la sociedad en estos procesos, limitando con ello la transparencia que se requiere.

Finjus advierte, asimismo, que a pesar de tomar en cuenta las situaciones de exclusión y las excepciones realizadas en los procedimientos que atañen al sistema de compras y contrataciones, las sanciones que se aplicarán a quienes violen esta Ley no son lo suficientemente fuertes, si se analizan en función del daño al que se ve afectado el propio Estado.

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