La pena máxima de 60 años de prisión contemplada en el nuevo Código Penal vulnera sus propios postulados, pues su imposición impediría el ejercicio del “principio resocializador” que fundamenta el Código en sus postulados generales, advierte la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en un análisis de la pieza, actualmente en curso de aprobación en el Congreso.