SANTO DOMINGO.- Tras analizar los aciertos, contenciones y la situación política del 2022, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostiene que el sistema justicial de República Dominicana presenta al menos 17 retos a superar de cara al 2023, de los cuales nueve son para el Ministerio Público y, el restante, en el Poder Judicial.
Este último, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo Finjus, asegura que tiene una tarea pendiente en la transformación del sistema penitenciario, ya que se ha convertido en una “grave anomalía” en el régimen democrático del país.
Agregó que deben dar pasos concretos para mejorar la “gravísima situación” que persiste en este, que condena a miles de personas a cumplir una pena anticipada y sufrir malos tratos. “Todavía está muy alejado de los mandatos de las leyes y la Constitución”, subrayó.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus indicó que es urgente que el Poder Judicial se articule con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Prisiones (DGP), para establecer un censo penitenciario verificable y que sea adecuado a los cambios en el funcionamiento ordinario del sistema de justicia penal.
Señaló que en el Poder Judicial se requiere incentivar el uso de vías alternas de resolución, para que en un corto plazo la mayoría de los casos se resuelvan con penas sin llegar a juicio. Asimismo, implementar de manera planificada y sistemática la nueva Ley de uso de medios digitales en todo el país, que permita el establecimiento del canal digital para los usuarios, las audiencias virtuales, los centros de consulta y autoservicio y los cubículos para las audiencias virtuales.
«Aumentar las cámaras especializadas, ampliando el número de sus jueces y adecuar los espacios físicos de acuerdo a necesidades de eficiencia. Es urgente que sea inaugurada, lo más pronto posible, la Ciudad Judicial en el municipio de Santo Domingo Este”, indicaron.
Ministerio Público
Castaños Guzmán sostuvo que una “alta” preocupación que hay en casi todos los actores del sistema, es el enfrentamiento que se ha derivado entre los operadores, lo que contraviene con el deseo de la sociedad de que estos procesos no sean empañados por imputaciones derivadas de las actuaciones de los responsables de los órganos.
A valorar la competencia y la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público, sostiene que en este año debe Alcanzar mejores índices de éxito en la persecución del crimen organizado trasnacional, sobre todo en los casos de trata y tráfico de personas, así como los delitos financieros.
Indicó que necesita fortalecer la investigación penal en relación a más sociedad con la Policía Nacional y otras agencias, con mira de incrementar las posibilidades del logro de condenas en los casos presentados.
Guzmán argumenta que deben hacer más efectivos los mecanismos de control disciplinario para garantizar un ejercicio funcional más apegado al cumplimiento del derecho y las buenas prácticas. También, fortalecer la gestión de la carrera del Ministerio Público en sus diferentes niveles o aspectos: matrícula, evaluación de desempeño y escalafón.
Asimismo, tener más componentes innovadores que permitan un abordaje más sistemático y eficiente de los casos que serán presentados ante el sistema de justicia penal.
“Deben propiciar un mejoramiento sustancial en la interacción institucional con el Poder Judicial en las etapas críticas de los procesos penales de alto perfil”, apuntó igualmente.