Santo Domingo.– La imposición de 18 meses de prisión preventiva en el caso SeNaSa es una decisión correcta y necesaria para garantizar la integridad del proceso judicial. Ante imputaciones tan graves como corrupción, desfalco y lavado de activos, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza. Esta medida envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y protege la investigación de posibles interferencias, reforzando la confianza ciudadana en la justicia.