Fiscal general de EE.UU. advierte que perseguirá las armas 3D

«Garantizaremos que los individuos que violan la ley haciendo armas de fuego de plástico y convirtiéndolas en indetectables serán perseguidos totalmente», explicó Sessions, un día después de que el propio Departamento de Justicia pidiera formalmente al juez federal que tomó la decisión que levante el bloqueo impuesto.

En este sentido, el máximo responsable de Justicia incidió en que «la violación de esta ley es castigable con hasta cinco años de prisión» y expresó que «esas armas presentan un riesgo significativo para la seguridad pública», razón por la que empleará «todas las armas disponibles para aplicar esa prohibición».

«Trabajaremos con autoridades federales, estatales y locales para identificar cualquier posible caso para ser investigados», continuó el secretario de Justicia, que se opuso así a unas prácticas apoyadas por su propio Gobierno.

De este modo, por un lado, Sessions aseguró que perseguirá estos comportamientos, mientras que, por otro, su departamento registró un documento para poner fin al bloqueo temporal sobre estas prácticas «ilegales» dictado por un tribunal nacional.

El 31 de julio, un juez federal del estado de Washington bloqueó la difusión de estas instrucciones en páginas webs, lo que estaba previsto para el día siguiente una vez el Ejecutivo del presidente Donald Trump había alcanzado un acuerdo para permitirlo con una compañía que llevaba años batallando para desarrollar este negocio.

En medio de la controversia, el mismo 31 de julio, Trump consideró que «no tiene mucho sentido» que poder imprimir armas 3D en casa estuviera a punto de convertirse en realidad, a pesar de haber sido su propia Administración la que lo había permitido.

«Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ¡no parece tener mucho sentido!», expresó Trump en Twitter, sin dar más detalles.

Posteriormente, el pasado 10 de agosto, una plataforma de 22 fiscales estatales de EE.UU. enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y a Sessions pidiéndoles que «actúen de inmediato» contra estas publicaciones.