Lima.- Equipos de la Fiscalía anticorrupción de Perú realizaron la madrugada de este viernes operativos en el Palacio de Gobierno, en Lima, y en otras 14 viviendas de personas implicadas en las presuntas irregularidades en torno al caso de Petroperú.
El megaoperativo «Resplandor 2022» se desarrolló simultáneamente en la Secretaría General del despacho presidencial de Palacio de Gobierno y en los inmuebles del empresario Samir Abudayeh; del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y en el de la empresaria Karelim López, entre otros.
Miembros de la Policía Nacional y del despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova empezaron el allanamiento alrededor de las 5 de la mañana con fines de registro e incautación de bienes, según informó el Ministerio Público.
Este caso investiga presuntas irregularidades de Petroperú en la selección de una empresa para la adquisición de barriles de Biodiesel B100 a la compañía Heaven Petroleum Operators S.A., de la cual es gerente Abudayeh.
«Según la investigación, los citados funcionarios de Petroperú se habrían coludido y/o interesado indebidamente con el fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. con la adjudicación del proceso de adquisición de Biodiésel B100», declaró este viernes la Fiscalía.
La hipótesis fiscal señala que este hecho se habría coordinado a través de una serie de irregularidades, cuyo despliegue obedecería a presuntos acuerdos colusorios que se habrían gestado el 18 de octubre de 2021 en el despacho presidencial, con la presencia del mandatario Pedro Castillo y de la empresaria Karelim López.
El pasado 4 de febrero, el Poder Judicial emitió una orden de impedimento de salida del país en un plazo de ocho meses contra los principales acusados, Chávez, López y Abudayeh entre otros, como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la licitación de la compra de biodiesel.
INVESTIGACIONES A CASTILLO
Además, la Fiscalía confirmó el pasado 4 de enero una investigación preliminar contra el presidente Castillo por presunto tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal, que quedará suspendida por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.
Las diligencias contra Castillo no podrán comenzar hasta que concluya su mandato, advirtió la Fiscalía en un comunicado donde destacó que es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se le abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.
El actual gobernante ha sido imputado por presuntamente haber influido en las licitaciones para la construcción de un puente y para la adquisición de combustible para la petrolera estatal Petroperú y por haber presionado para que ascendieran irregularmente a militares de su círculo cercano.