Fiscalía de Brasil pide aumentar la pena en la segunda condena contra Lula

En la segunda condena Lula fue hallado culpable de haber recibido beneficios ilícitos por obras en una casa de campo de la que hacía uso pese a no ser de su propiedad.

La Fiscalía entregó una recomendación sustentada en más de 100 folios al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), donde el proceso de Lula se tramita en segunda instancia, aunque aún no hay fecha definida para el juicio.

En febrero de este año, Lula recibió, en primera instancia, una segunda condena de 12 años y 11 meses, por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de beneficiarse con unas reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa, que no es de propiedad de Lula, está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, pero, de acuerdo con la Justicia, el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que hicieron las empresas Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en Petrobras.

Según el ente acusador, la pena del exmandatario debe ser aumentada no solo por el hecho de que se trata de una figura pública sino porque existe un «vasto acervo probatorio que incrimina al reo».

Asimismo, el Ministerio Público pide que el exmandatario sea condenado por un delito de corrupción pasiva relacionado con unas reformas en la misma casa financiadas por José Carlos Bumlai, un pecuarista amigo de Lula que no tiene relación con alguna de las constructoras vinculadas en el proceso.

Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 por una primera condena en la que fue hallado culpable de recibir, a manera de soborno, un apartamento de la constructora OAS, a cambio de beneficios con la petrolera estatal Petrobras, en uno de los casos destapados por la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil.

En el primer proceso, el expresidente fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, dio por comprobado la entrega del apartamento y los beneficios a OAS.

El exmandatario, vinculado en nueve procesos por corrupción, siempre se ha dicho inocente de todos los cargos y ha presentado varios recursos para obtener la libertad, que le han sido negados por la justicia.

El más reciente fue el martes, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil negó dos «hábeas corpus» intentados por la defensa del expresidente, quien seguirá en la celda en la que está encarcelado desde abril de 2018.