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Fiscalía de Panamá estudia cómo revertir fallo absolutorio de Martinelli

"Los fiscales van a hacer uso de los recursos de ley para procurar revertir esa decisión" tomada el viernes pasado por los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral, señaló la procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell.

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PANAMÁ.- La Fiscalía General de Panamá dijo este lunes que estudia cuáles recursos interpondrá contra el veredicto de un tribunal de juicio que declaró «no culpable» al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de cuatro cargos por espionaje político y malversación, por el que pidió 21 años de castigo.

«Los fiscales van a hacer uso de los recursos de ley para procurar revertir esa decisión» tomada el viernes pasado por los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral, señaló la procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell.

La fiscal explicó que «hay dos opciones de recursos», pero que los fiscales del caso, un equipo «con mucha experiencia en el manejo de casos penales y en el Sistema Penal Acusatorio (SPA)», serán quienes decidan al respecto.

En declaraciones al diario local La Prensa, Porcell remarcó en ese sentido que «el mensaje es que aquí no hay improvisación y hay conocimiento del derecho penal».

La sentencia del tribunal a favor de Martinelli puede ser recurrida mediante un recurso de nulidad ante un tribunal de apelaciones o un recurso de casación en el Supremo, explicaron expertos consultados por Efe.

Martinelli, un multimillonario de 67 años, fue exonerado por el tribunal de juicio de los cuatro cargos de los que lo acusa la Fiscalía, que pidió 21 años de prisión, por espiar a decenas de opositores, activistas y empresarios durante su mandato (2009-2014), una decisión que será recurrida, según anunciaron los querellantes.

La decisión a favor de Martinelli, que se dice víctima de una «persecución política» orquestada por el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019), fue repudiada por víctimas de las interceptaciones ilegales, por las que ya fueron condenados dos antiguos jefes del Consejo Nacional de Seguridad panameño.

La absolución de Martinelli ha sido además el centro de duras críticas, todas dirigidas al sistema de administración de justicia, objeto de declaraciones repudio, y diversos sectores han llamado a expresar su descontento en las calles.

Manifestantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y sociales (Frenadeso), formado por líderes sindicales y organizaciones populares, realizaron este martes un piquete frente a la sede del Supremo en rechazo al veredicto que absolvió de todos los cargos a Martinelli, denunciando la «subordinación» del sistema de justicia.

El proceso por las escuchas contra Martinelli lo abrió el Supremo en 2015 debido a que entonces el expresidente gozaba de un fuero por ser diputado centroamericano, cargo al que renunció en junio de 2018, apenas llegó extraditado por EE.UU., para forzar el pase del caso a un tribunal del SPA, lo que sucedió en diciembre pasado.

El experto en Derecho Constitucional Ernesto Cedeño dijo a Efe que el Poder Judicial «sale debilitado» con el caso Martinelli, porque queda demostrada la ausencia de una «unificación de criterios» en los tribunales de juicio y la Corte Suprema sobre la implementación del SPA.

El SPA, que consta de juicio orales expeditos, se implementa a nivel nacional desde 2016 y sustituyó al sistema inquisitivo en Panamá.

Cedeño indicó que el Supremo «tiene un criterio del SPA y los juzgados de juicio tienen otro en cuanto a valoración de pruebas», una situación que hará muy interesante el resultado del proceso que ha anunciado la querella para recurrir el fallo.

La fiscal recordó este lunes que esta es una investigación que dio inicio en 2014, «que pasó los controles a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de distintos amparos (presentados por la defensa)», en los que se declaró la legalidad de la detención preventiva (de Martinelli) y la vinculación del delito».

Porcell destacó además que la Justicia de EE.UU. también revisó la petición de extradición antes de proceder, todo en el marco «de la legalidad y el cumplimiento de los trámites y procedimientos»

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