Fiscalía española pide al Supremo condenar a "La Manada" por agresión sexual

El Ministerio Público recurre así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región de Navarra (norte de España), que confirmaba la sentencia de una instancia inferior.

Esa condena por abusos sexuales causó un gran rechazo tanto entre grupos políticos como sociales, al considerar que no se habían castigado de manera suficiente los hechos y se había cuestionado el testimonio de la víctima, una mujer que entonces tenía 18 años.

En esa sentencia, emitida en abril de 2018, los jueces no apreciaron violencia ni intimidación (necesarias para considerarse agresión sexual) en los cinco hombres que atacaron a la joven, quien afirmó que se sometió a sus agresores por miedo.

«No es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores», sostiene la Fiscalía en su recurso ante el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron en julio de 2016 durante las famosas fiestas de los Sanfermines de Pamplona, capital de Navarra.

La discrepancia de criterio de la Fiscalía respecto a las sentencias dictadas hasta ahora en dos instancias inferiores, radica en la intimidación ya que, a juicio del Ministerio Público, los hechos «fueron realizados mediante intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima».

«Intimidación no es otra cosa que causar o infundir miedo, miedo o pánico que, en casos como el analizado, se infunde con la sola presencia de cinco individuos de fuerte complexión rodeando a una víctima en un habitáculo cerrado y sin posibilidad alguna de escapar», añade el fiscal, quien describe así los hechos.

Los cinco condenados, entre ellos un militar y un guardia civil, están en libertad provisional, a la espera de una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo.

Este caso y la consiguiente sentencia causó un gran impacto social en España, con un amplio seguimiento del juicio por parte de la prensa, y con manifestaciones en todo el país tras la sentencia.

Desde entonces se han denunciado más agresiones en grupo parecidas en España.