BOLIVIA.- La conferencia social sobre migraciones «Por un Mundo sin Muros» clamó hoy en Bolivia por el cese de la criminalización de los migrantes, demandó la creación de una Defensoría Mundial para el sector y pidió elevar la trata y el tráfico de personas a la categoría de crimen de lesa humanidad.
Se trata de propuestas contenidas en un decálogo de acciones en la «Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal», que reunió durante dos días a algunos expresidentes y movimientos sociales e indígenas de una treintena de países en la localidad boliviana de Tiquipaya.
El presidente Evo Morales clausuró el encuentro con un discurso en el que reiteró que el capitalismo «es el peor enemigo de la humanidad» y exhortó a los movimientos sociales de América Latina a tomar «el poder político» para encarar transformaciones.
Los consensos fueron leídos por activistas de Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Italia y Canadá en sus idiomas y en castellano.
Los movimientos sociales reclamaron desde Tiquipaya el cese de la «criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control» y demandaron que se eliminen los «centros de detención de migrantes».
Mediante la creación de la «Defensoría Mundial de los Pueblos», se busca promover la «libre movilidad y los derechos humanos» de migrantes, refugiados, asilados, apátridas y víctimas de trata y tráfico, según señala la Declaración de Tiquipaya.
La declaración también pide elevar la trata y tráfico de personas a la categoría de «delito de lesa humanidad» y llama a los gobiernos a luchar juntos contra las redes que trafican con seres humanos.
También solicita a los gobiernos que avancen en la consolidación de ciudadanías regionales «como puente a la ciudadanía universal».
Además, que los gastos públicos destinados «a la guerra y la criminalización» de las migraciones se usen en la creación de «programas de integración que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias».
La declaración señala los conflictos bélicos, el cambio climático y los desequilibrios económicos «entre los países y dentro de los países» como las principales causas de los fenómenos migratorios y las crisis de refugiados.
Morales destacó en su discurso el planteamiento de crear una comisión de seguimiento a las propuestas porque, según dijo, los dirigentes sindicales -entre quienes se incluyó- son expertos en debatir y hacer resoluciones que luego «se quedan en el papel».
Una resolución leída por un representante de la delegación de Venezuela proclamó la «solidaridad» de los sectores convocados «con el pueblo venezolano», que según estos movimientos sufre un intento de golpe de Estado, un bloqueo mediático e injerencia extranjera.
El propio Morales, que es aliado del presidente Nicolás Maduro, reiteró que en Venezuela «hay un golpe de Estado» y aseguró que se deben defender a los gobiernos legalmente electos.
La candidata a la Presidencia colombiana Piedad Córdoba leyó otra resolución propuesta en la Conferencia que rechaza las medidas de endurecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y reclamó la liberación de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en Chile desde marzo por un incidente fronterizo.
Al encuentro, el tercero de estas características convocado por el Gobierno de Morales desde el 2010, asistieron 1.500 delegados de Bolivia y al menos 700 delegados extranjeros de más de 30 países.
A la inauguración, celebrada el martes, asistieron los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia).