SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el Código Penal de la República, que además de aprobar el aborto en un solo caso, ( cuando corra riesgo la vida de la madre) ha dispuesto una serie de modificaciones que incluyen la sanción en contra de los funcionarios que cometan actos de corrupción.
En el nuevo código, que ahora pasará al Senado, la corrupción será «grave» cuando las sumas involucradas en los ilícitos penales no sobrepasen los 20 salarios mínimos, por lo que en ese aspecto el infractor o infractores involucrados van a ser castigados con dos a tres años de cárcel y serán inhabilitados para trabajar en cargos públicos por un espacio de tiempo de diez a veinte años.
En ese mismo tenor, cuando la cantidad involucrada en un presunto caso de corrupción sea entre los veinte y los mil salarios mínimos del sector público, el hecho va a ser definido como “muy grave” y el castigo será de cuatro a diez años de prisión e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de treinta años.
En la aprobación de la pieza legislativa también se instituye que el servidor público que reciba, por sus funciones, fondos para su administración o preservación, y desvíe dichos fondos para su provecho o provecho de terceros, va a recibir una sanción de diez a veinte años de cárcel y una multa por un monto que, de especificarse la suma involucrada en el fraude, va a ser de diez a veinte veces el último salario que recibió el imputado al momento de ejercer su función.
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