Funcionarios venezolanos están implicados en el caso Odebrecht, dice fiscal

«Es difícil tener acceso a las pruebas, sin embargo en este caso, en el caso de Odebrecht tenemos identificados a varios funcionarios públicos que comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas», dijo en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.

Aseguró que la Fiscalía ha tenido «muchos obstáculos» en investigaciones sobre corrupción, de legitimación de capitales porque «quienes tienen los elementos de prueba son aquellos que precisamente se les está investigando».

La funcionaria sin embargo evitó especificar los nombres de los implicados o si estos funcionarios forman parte del alto gobierno, pero adelantó que se liberarán citaciones en los próximos días.

«También tenemos los contratos y las personas que autorizaron que se ejecutaran esas obras comprometiendo los dineros del Estado y que no le hicieron el seguimiento a esos contratos y que son obras que nunca se concluyeron», dijo.

Con esto advirtió a «todos aquellos que firmaron esos contratos, que no le hicieron el seguimiento y que esas obras nunca las concluyeron (…) incluso estos que cobraron comisiones fueron depositadas en cuentas en el extranjero en algunos casos a nombre de familiares», que «todo eso ya nosotros lo tenemos bien organizado».

Ortega viajó en febrero de 2016 a Brasil para reunirse con el Procurador General de ese país, Rodrigo Janot, y abordar el caso de Odebrecht y sus supuestas ramificaciones en Venezuela, sin embargo hasta ahora no se han formulado acusaciones formales.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.

En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas.

El anunció de la fiscal sobre acciones legales para este caso se hace en un momento en el que se desarrolla un procedimiento impulsado por el chavismo para calificar la existencia de faltas graves en su gestión, y separarla de su cargo.