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Fundación Justicia y Transparencia pide al DPCA investigar denuncia de enriquecimiento ilícito

Fundación Justicia y Transparencia pide al DPCA  investigar denuncia de enriquecimiento ilícito
Fundación Justicia y Transparencia pide al DPCA investigar denuncia de enriquecimiento ilícito

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó como graves las revelaciones hechas por la periodista Nuria Piera, en sus programas de televisión, sobre la adquisición de bienes millonarios por parte del alcalde de Santo Domingo Norte Francisco Fernández, en uno de los complejos turísticos más exclusivo del país.

José Sánchez,  director del capítulo de Transparencia Municipal de la Fundación Justicia y Transparencia, reclamó del Ministerio Público en la persona del señor Hotoniel Bonilla, responsable de la Dirección de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (DPCA), poner en movimiento la acción pública para profundizar e investigar las informaciones servidas por Nuria, sobre la comisión de serias y graves irregularidades, perpetradas por el alcalde Fernández, que implican inclusive el testaferrato y el enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.

El dirigente comunitario, condenó que en los archivos del DPCA no existan al día de hoy pruebas del seguimiento o reclamo (dos años después), de la presentación de la declaración jurada de bienes del señor sindico, no solamente en cumplimiento de la ley, sino además de la propia Constitución de la República, que en su artículo 146 numeral 3 hace obligatorio y mandatario la presentación de la declaración patrimonial para todos los funcionarios del estado.

Para Sánchez la denuncia de la periodista Piera, lo que viene es a confirmar los datos de un estudio presentado por el capítulo de Transparencia Municipal de Justicia y Transparencia, el cual dio cuenta, de que más del 87% de los ayuntamientos violan reiterada y recurrentemente las leyes sobre transparencia, violaciones que se registran con el incumplimiento a la ley 176-07, en el Presupuesto participativo, más del 25% destinado al pago de la nomina, el nepotismo, la rendición de cuentas no presentada a los órganos correspondientes en tiempo hábil, violaciones a la ley 200-04 sobre acceso a la información pública, la Ley 41-08 de Función Pública, Ley 340-06 inobservada constantemente, casi en la totalidad de los ayuntamientos, en las compras, adquisiciones y contrataciones que estos realizan, también son transgredidas las leyes y directrices de la Contraloría General de la República y la Constitución de la República en sus artículos 138, 140 y 144, relativos a los principios rectores de la administración pública y al incremento de salarios en provecho de los propios funcionarios de turno.

 

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