Gancho habichuelero (1)

Si hay un lugar donde abundan los bucaneros, filibusteros y corsarios en pleno siglo 21 es en mi querido valle de San Juan. Son la expresión de realidades que existen también en otras zonas del país productoras de rubros primarios, en torno a los cuales se crean carteles ventajistas.

Me sobrecoge el caso reciente de una asociación sanjuanera de pignoradores de habichuelas, que publica una noticia alarmista con carácter de sentencia y amenaza: la próxima cosecha colapsará si el Gobierno no le compra 50 mil quintales acaparados en almacenes.

Como todo chantaje tiene su plataforma, la de estos señores es la siguiente: Son los grandes financiadores de los productores, preparan la tierra, proveen fertilizantes e insumos para control de plagas y cobran un interés de usura de 6% a 10% mensual (entre 72% y 120% por año).

La mala intención y la conducta de ave carroñera salta a la vista. El consumo de habichuelas en el país es de alrededor de un millón de quintales anuales. Nuestra capacidad de producción es de 300 mil y el contingente arancelario del DR Cafta suma 299 mil.

Hay que tomar en cuenta 320 mil quintales que entrarían del contingente arancelario de 39 mil quintales otorgados por el país a Nicaragua y de los 89 mil quintales que permite el DR Cafta mediante el uso de la Salvaguardia Agrícola Especial. Con todo y esto, todavía nos faltarían unos 200 mil quintales que son los que se llevan a las subastas de la Bolsa Agropecuaria.

La pregunta del millón es: ¿Qué hacen estos señores con 50 mil quintales de habichuelas guardados de la cosecha pasada si debieron entrar al mercado sin problemas? La respuesta es más que obvia: propiciar un negocio redondo creyendo que tanto el presidente Danilo Medina y el Ministro de Agricultura, Ángel Estévez, son tontos útiles.

Peor aún. Tienen la desfachatez de publicar su advertencia pensando que todos somos tarados o afectados por insuficiencias psicosomáticas.

Los pignoradores no sólo buscan la venta forzada de un producto retenido adrede, sino que el dinero público pague su almacenamiento (costo financiero más seguro). ¡Qué tupé!