“El tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público con relación a diez de doce personas a las que se les revisó la medida de coerción”, destacó el procurador adjunto Wilson Camacho
“En el día de hoy el tribunal ha mantenido la medida de coerción a la mayoría de los imputados, salvo excepciones, incluso en una de esas excepciones el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la variación de la medida por el comportamiento del imputado en este proceso”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“En sentido general, el tribunal acogiendo los planteamientos realizados por el Ministerio Público, entendiendo y así lo motivó en la gravedad de los hechos que se imputan, la pena imponible en caso de condena y el gran daño que hay que resarcir al pueblo dominicano con la gran cantidad de dinero que se sustrajo del erario, ha mantenido las medidas de coerción de este proceso en sentido general”, apuntó.
El titular de la Pepca dijo que los pasos a seguir lo determinarán el desarrollo de los acontecimientos de este proceso, tras responder preguntas de varios periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.Ro
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y a Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a domiciliaria e impedimento de salida del país.
El magistrado Mejía adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria fue fijada para el 14 de junio del año 2022.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 16 de mayo.
Los imputados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.