Gobernabilidad y reforma de la administración pública

Henry Molina.

La producción de la gobernabilidad en una sociedad determinada está determinada tanto por factores endógenos como por la influencia que en la misma puedan tener factores exógenos, como por ejemplo, situaciones el ámbito de la economía, crisis migratorias, fenómenos naturales y otros.

La gobernabilidad es la capacidad de una sociedad de tomar las decisiones necesarias para su funcionamiento colectivo y sobre todo, la capacidad de ejecutar esas decisiones.

Este concepto es el que nos ha llevado a afirmar en varias ocasiones que la gobernabilidad es tanto responsabilidad de los actores de gobierno como de la sociedad civil, los actores económicos, políticos y sociales.

La administración pública, como instancia o dinámica de la sociedad en la que nos ocupamos de los intereses colectivos, es un proceso determinante en la producción de la gobernabilidad porque en desde ella se moldean y construye la cultura de convivencia y se le da o no respuesta a las necesidades de la sociedad.

Por esta razón la administración pública debe ser sometida constantemente a evaluación en términos de su eficiencia y eficacia.

Para determinar la correspondencia entre los recursos disponibles y las necesidades sociales y  si se está haciendo el mejor uso posible de los recursos puestos al servicio de las necesidades comunes.

Esta sería la perspectiva de eficiencia de la administración pública.

La otra sería de su eficacia, que nos permitiría saber si frente a las necesidades y situaciones sociales que deben ser confrontadas se están formulando las políticas públicas necesarias, las que corresponden, de tal manera que las medidas de política pública definidas y puestas en marcha tiendan a la solución de los problemas planteados.

Puede ocurrir que una determinada política cuente con definiciones adecuadas, se esté ejecutando de la manera prevista y se entienda que su ejecución nos llevará a la situación deseada, pero entonces podríamos identificar problemas de magnitud o de escala, porque lo que estemos haciendo no alcance la cobertura y profundidad de las necesidades que se busca atender.

Entonces tendremos una política pública correctamente definida, pero pobremente dotada, lo que nos llevará, más temprano que tarde, a crisis en el ámbito de que se trate.

Me parece que si hiciéramos un análisis de la evolución de la administración pública dominicana en los últimos 50 años, nos encontraríamos con varias situaciones en las que se definieron acciones e instrumentos de política pública que se correspondían con las necesidades, pero que nunca fueron asumidas con la intensidad, cobertura, extensión y profundidad que ameritaban las situaciones a las que se quería confrontar.

Esto produjo una acumulación de déficits en lo económico y social, eso que solemos llamar nuestra deuda social.

Produjo también una situación de falta de sincronización o sintonía entre la magnitud de las demandas sociales no atendidas y las capacidades del Estado de intervenir para retornar a un punto de equilibrio.

Si algo caracteriza la actual gestión gubernamental, del Presidente Danilo Medina, es una preocupación por dotar a las entidades de la administración  pública de los recursos, competencias, dinamismo y capacidades necesarias para cumplir con la misión que les ha sido encargada.

Si contamos con una visión de futuro y un plan correspondiente para alcanzar las metas de desarrollo y equidad social y económica que han sido formuladas como deseables por la sociedad dominicana, entonces es preciso que la administración pública pueda cumplir su papel de proveedora de bienes, servicios y productora de cohesión e integración social.

Pero en ninguna situación los actores sociales y políticos operamos con plena libertad, partiendo de cero, sino que por el contrario se toma el control de la maquinaria del Estado en el marco de unas tendencias y contexto que son el resultado de años o décadas, que están arraigados y que constituyen constreñimientos para conducir la gestión de lo público en una dirección distinta.

La transformación de la administración pública, entonces, se convierte en una tarea que exige energía, consistencia, perseverancia.

Porque hay una cultura de los actores públicos y de la sociedad alrededor de los procesos y procedimientos de la gestión pública que determinará la visión y las actitudes sociales acerca de la misma.

Donde la administración pública ha sido una fuente permanente de insatisfacciones, la percepción social sobre la misma estará marcada por la desconfianza y las bajas expectativas. Así sucede en la sociedad dominicana.

Transformar la administración pública, reformarla para que satisfaga las expectativas y necesidades de la sociedad, se convierte, en este contexto, en una prioridad para poder construir las capacidades imprescindibles para la gobernabilidad.