Buenos Aires.- El Ministerio de Capital Humano de Argentina, a cargo de Sandra Pettovello, apeló este miércoles la decisión judicial que le prohibió dar de baja las ayudas sociales a quienes participen de manifestaciones, según había resuelto el Ministerio en 2024.
El Ministerio anunció su decisión de apelar a la medida en un comunicado en el que también respondió que «la condición de vulnerabilidad de una persona no puede servir de justificación para aceptar que esta ejerza actos de violencia o contrarios a la ley y que afectan derechos de terceros».
En diciembre de 2023, a pocos días de iniciar su gestión como parte del Gobierno de Javier Milei, Pettovello anunció que excluiría de los programas de ayuda estatal ‘Volver al Trabajo’ y ‘Acompañamiento Social’ a aquellos beneficiarios que participen en protestas, interrumpan la circulación y participen en actos de violencia que alteren el orden público, medida que fue ratificada a través de una resolución publicada en abril de 2024.
A mediados del año pasado, sin embargo, el juez federal Martin Cormick, decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que buscaba dejar sin efecto la resolución.
«Elegimos el camino judicial porque con este Gobierno no hay diálogo», le dijo a EFE Nicolás Caropresi, dirigente de la UTEP, quien también denunció que «se amenaza con quitar un derecho, el del salario social complementario, por ejercer otro derecho, el de la protesta«.
El juez consideró que los criterios de exclusión establecidos por el Gobierno «revisten indicios de ilegitimidad» por atentar contra el derecho a ser oído; lo que generaría un daño irreparable en las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.
«Esta decisión lo único que logra es beneficiar a las mafias que extorsionan a los pobres obligándolos a ir a una marcha a cambio de un plan social», expresó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en alusión a la decisión del juez.
El Ministerio de Capital Humano sufrió otro un traspié a finales de mayo pasado, cuando reconoció que tenía cinco millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos del Estado, ante lo que la Justicia Federal ordenó su distribución, decisión que también fue apelada por la cartera hasta llegar a la Corte Suprema.
La disputa entre el Ministerio que, entre sus innumerables tareas, está encargado de la distribución de alimentos y el pago de planes sociales y las organizaciones sociales tiene lugar desde el inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre pasado.
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