Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.
San José,.– El Gobierno de Nicaragua excarceló este sábado a 1.000 presos comunes con sentencia en firme para que vivan bajo régimen de convivencia familiar en sus hogares. Con esta medida, ya suman 8.400 liberados en lo que va del año.
En un acto oficial, la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, explicó que el beneficio se otorga en ocasión del Día de Todos los Santos como “otro gesto de paz y bien”.
Añadió que esta acción busca fortalecer la unidad familiar, recordando que el Gobierno que dirigen Daniel Ortega y Rosario Murillo cree en el derecho de las personas a recibir oportunidades de reinserción.
Las autoridades han liberado a 53.164 reos comunes en los últimos diez años, colocándolos bajo este régimen de convivencia familiar. De ellos, el 7,18 % ha reincidido en la comisión de algún delito, según datos oficiales.
Sin embargo, esta política ha sido cuestionada por organizaciones feministas, que sostienen que tras las excarcelaciones se ha registrado un aumento de feminicidios y delitos comunes en el país.
En 2024, el Gobierno ha beneficiado a 9.200 convictos, la cifra más alta del último decenio. Tradicionalmente, Nicaragua concede este tipo de libertades durante fechas simbólicas como Semana Santa, el Día de la Madre, el aniversario de la Revolución Sandinista y las fiestas de Navidad.
Durante el año, las condonaciones incluyeron el mes de abril, cuando se recuerdan las protestas de 2018 contra Ortega, además de las Fiestas Patrias, el Día de los Difuntos y la Inmaculada Concepción de María.
La política de excarcelaciones masivas en Nicaragua es una práctica que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha mantenido durante los últimos años como parte de su discurso de reconciliación y unidad familiar.
Estas liberaciones, que benefician a reos comunes con sentencia en firme, permiten que los internos cumplan el resto de sus condenas bajo régimen de convivencia familiar, es decir, en sus hogares bajo supervisión estatal.
Desde el retorno de Ortega al poder en 2007, el Ministerio del Interior ha sido el organismo encargado de coordinar y ejecutar estas medidas, presentándolas como gestos humanitarios y oportunidades de reinserción social.
Según cifras oficiales, en la última década han sido beneficiados más de 53.000 presos, aunque el propio Gobierno ha reconocido que cerca del 7 % ha reincidido en la comisión de delitos.
Diversas organizaciones civiles y feministas han cuestionado estas decisiones, argumentando que la liberación anticipada de reclusos contribuye al aumento de la delincuencia y, especialmente, de los feminicidios.
Señalan que muchos de los liberados enfrentaban condenas por violencia de género o delitos graves, lo que, a su juicio, pone en riesgo la seguridad de las víctimas y de la población.