REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El Gobierno de Perú recurrirá a los organismos de justicia internacional para intentar revertir la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto otorgado en 2017 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), informó este jueves el viceministro de Justicia, Juan Carrasco.
El funcionario, quien también preside la Comisión de Gracias Presidenciales, señaló que «esto significará (acudir) a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y, a través de estos medios, revertir este fallo».
«Existen mecanismos constitucionales a los cuales el Perú va a acudir en el momento en que seamos notificados» de la resolución del TC, enfatizó Carrasco tras reunirse en el Palacio de Gobierno de Lima con el presidente Pedro Castillo.
Esta posición fue respaldada por el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, quien aseguró en Twitter que la medida del TC «no es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta».
«Correspondería ser revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya se pronunció sobre este tema el 2018, recordando la obligación internacional del Estado Peruano de sancionar a los responsables de dichos casos y que las víctimas encuentren justicia», enfatizó Landa, un constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008.
Al respecto, el viceministro Carrasco detalló que el Ejecutivo peruano primero tendrá «que conocer el sustento» del fallo que emitió este jueves el Constitucional, que calificó de «indignante» para todos los peruanos «que creen en la justicia».
«Nosotros todavía no tenemos la resolución, por lo tanto no podemos adelantar opinión. Vamos a analizarla porque existe ya en este caso el mandato del TC respecto a un indulto pasado, tendríamos que analizar el fundamento para poner nuevamente en el tapete el indulto», acotó.
¿En qué medida es neutral Suiza?
Ser neutral no es nada fácil. La política suiza se esfuerza por interpretar su neutralidad frente a una política mundial cada vez más unilateral.
Carrasco recordó, sin embargo, que «existe una investigación» judicial «sobre cómo se dio el indulto» a Fujimori y que la CorteIDH ya afirmó que esta gracia no procede «para personas que han cometido delitos tan graves como homicidio calificado y lesa humanidad».
El TC confirmó este jueves que el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de «habeas corpus» que solicitó esa medida quedó empatada en tres votos a favor y tres en contra.
En ese sentido, el alto tribunal declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Ese indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.