«El acercamiento que propone el proyecto aprobado (el jueves a última hora) no necesariamente protege los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, ni asegura un servicio eléctrico a costo efectivo», señaló este viernes la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila.
En unas declaraciones escritas, Vila explicó que en la Fortaleza (sede del Ejecutivo) «somos conscientes de que urge una transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)», la compañía que monopoliza el mercado en Puerto Rico, que tiene el estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU.
En su opinión, la AEE «tiene que pasar de ser la entidad que logró electrificar a Puerto Rico e impulsar su desarrollo económico en el pasado siglo a convertirse en el ente que promueva el desarrollo económico del siglo XXI».
Para ello, la funcionaria defendió que debe ofrecer «servicios costo efectivos, con fuentes diversificadas e integrando de manera ordenada y confiable la energía renovable», algo que sólo podrá hacerse tras «una reforma profunda en su gobernanza, en su misión y en la forma en que opera».
El proyecto que aprobó el Senado el jueves, según Villa, «va en contra de la política pública de esta Administración, en cuanto a la privatización de la AEE» y a que requiere «crear nuevas agencias con sus costos y procesos burocráticos» que las cuentas públicas de la isla no pueden asumir.
«Tenemos que actuar con la responsabilidad que exigen los tiempos y no continuar tomando atajos para resolver nuestros problemas», resumió la secretaria de la Gobernación, que «invitó» al Senado a seguir «trabajando hombro a hombro con el gobernador, la Autoridad y la Cámara para transformar esa corporación desde adentro».
Vila citó a los portavoces de la mayoría de ambas cámaras a una reunión el próximo lunes en La Fortaleza para discutir el proyecto recién aprobado, que ahora debe pasar a la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley fue ratificado en el Senado con 15 votos a favor y 11 en contra en una movida sesión interrumpida en varias ocasiones por los gritos de trabajadores del sindicato Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de la AEE, que desde las gradas del hemiciclo mostraron su rechazo a la iniciativa.
El proyecto contempla crear la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico, que conlleva la puesta en marcha de una Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía y que enmienda la Ley de la AEE para hacer transparente la política de la Junta de Directores.
El presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado por el gobernante Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Nieves, dijo en entrevista con Efe que el proyecto busca transformar el monopolio de la AEE y bajar la factura eléctrica.
«El actual sistema ahoga la economía de personas y empresas», dijo sobre la AEE, compañía que, según dijo, cobra 25 céntimos de dólar por kilovatio/hora.
Según datos del Ejecutivo, durante el cuatrienio pasado el costo por kilovatio/hora pasó de 21 centavos de dólar en 2009 a un máximo de 30 centavos en 2012, frente al precio medio de 12,6 centavos en EE.UU.
El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, comparte la opinión del Ejecutivo de que el proyecto, tal y como está formulado, no conseguirá el objetivo de abaratar la electricidad.
La Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico incluye la creación de una Comisión Reguladora y Fiscalizadora que establecerá y aprobará las tarifas de los generadores, empresas transmisoras y distribuidores, en el caso de que el sector energético se abra al sector privado.
Enmienda además la ley orgánica de la AEE para poner fin a la facultad del monopolio de imponer arbitrariamente tarifas del costo de luz e impulsa la puesta en marcha de un estudio sobre generación, transmisión y distribución de energía dirigido a la creación de un mercado libre en Puerto Rico, al tiempo que establece la meta de un precio de 10 centavos por kilovatio/hora.
La AEE cuenta con casi 1,5 millones de clientes en Puerto Rico, a los que se da servicio a través de las centrales de Costa Sur, Complejo Aguirre, San Juan, Palo Seco y Cambalache, que en conjunto cuentan con una capacidad instalada de 5.839 megavatios.
