Apagones sin control: Gobierno declara emergencia y salta las licitaciones
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 517-25 que declara el sistema eléctrico en emergencia nacional, habilitando a las EDES a realizar contrataciones y compras excepcionales sin licitación pública.
Santo Domingo.– En respuesta a los prolongados apagones que afectan a gran parte del país, el presidente Luis Abinader declaró el estado de emergencia nacional en el sector eléctrico, mediante el Decreto 517-25, emitido el pasado 8 de septiembre.
La medida, sustentada en 13 considerandos y 8 artículos, permite a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) realizar compras y contrataciones bajo régimen de excepción, sin necesidad de pasar por licitaciones públicas.
El objetivo, según el Gobierno, es acelerar las soluciones ante los apagones que han alcanzado hasta 12 horas en algunas zonas, afectando a hogares, empresas y servicios públicos.
Sin embargo, el decreto ha generado amplias reacciones en distintos sectores. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo calificó como una muestra de improvisación y falta de planificación estratégica.
“Esto evidencia que no hay un plan a largo plazo para enfrentar la crisis energética”, sostuvo Juan Moreno, vocero del partido. Por su parte, la Fuerza del Pueblo, a través de Johnny Pujols, consideró que el Gobierno debió enfocarse en cumplir con el Pacto Eléctrico Nacional, en lugar de tomar decisiones aisladas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el decreto no aborda el problema estructural del sistema: las pérdidas eléctricas, que actualmente superan el 40%, lo que implica que casi la mitad de la energía servida no se factura ni se cobra.
Estas pérdidas han elevado el subsidio eléctrico estatal a cifras cercanas a los 2,000 millones de dólares en lo que va de 2025.
- Expertos advierten que reducir solo un punto porcentual de estas pérdidas podría tomar uno o dos años de trabajo continuo, por lo que dudan de la efectividad de medidas de corto plazo.
El decreto incluye facultades amplias, desde la adquisición de equipos de generación y bancos de baterías, hasta el pago de asesores técnicos, lo que ha despertado preocupaciones sobre la falta de transparencia.
El movimiento cívico Participación Ciudadana también reaccionó, criticando la escasa inversión pública en el sector y exhortando al Gobierno a garantizar soluciones sostenibles, con supervisión independiente, transparencia y rendición de cuentas.
Alcances del decreto y falta de confianza institucional
El decreto no solo contempla compras directas de equipos, sino también contratación de nuevas plantas de generación, adquisición de bancos de baterías, pago a asesores técnicos y financieros, entre otras facultades.
Este alcance amplio ha despertado inquietudes sobre la posibilidad de que se utilice sin los controles adecuados, dada la falta de transparencia que históricamente ha caracterizado al sector eléctrico.
Organizaciones como Participación Ciudadana han advertido que, sin una fiscalización independiente, estas medidas podrían abrir espacio a desvíos de fondos y sobrevaluaciones.
Por ello, exigen al Gobierno publicar reportes mensuales de las EDES, auditorías externas, y apegarse a los compromisos del Pacto Eléctrico, como vía para restaurar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos invertidos tengan resultados tangibles.