SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Gobierno desestimó la tarde de este jueves el acuerdo anunciado sobre el caso de Bahía de las Águilas, donde las autoridades pretendían hacer una negociación con las personas que poseen títulos de propiedad, a pesar de la litis por la titulación fraudulenta que se produjo en esa zona.
Las autoridades expresaron que esperará un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis. También confía en que las jurisdicciones realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos.
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La Presidencia de la República informó que tomó la decisión en consecuencia y por recomendación de la comisión de funcionarios encargados de viabilizar el plan sobre Bahía de las Águilas, tras las críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública.
El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, reiteró que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo cual seguirán buscando alternativas que le permitan implementar el desarrollo económico en la zona para sacar de la miseria y el abandono a la población localizada en suroeste del país.
“Nuestra preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del Suroeste para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales que hacen de Pedernales un polo turístico de magnificas potencialidades”, afirmó el Gobierno.
Además, Rodríguez Marchena, encomendó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en caso.
De esta manera, el Gobierno de Danilo Medina deja atrás la controvertida decisión que tomó de asociarse a través de un fideicomiso con los adquirientes de terrenos cercanos a la paradisíaca playa de Bahía de las Águilas y otras zonas de Pedernales, con el propósito de emprender el desarrollo de la zona a través del turismo internacional.
La operación consistía, concretamente, en que el Gobierno recibiría el 55 % de la venta de los terrenos a través del fideicomiso, mientras que los supuestos propietarios tendrían derecho al restante 45 %.