Gobierno dominicano le responde a Haití: reafirma su obligación de proteger la seguridad nacional

Santo Domingo.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana ha tomado nota del comunicado emitido hoy por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, y precisa lo siguiente:

República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad.

No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente.

Las repatriaciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.

La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo. La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano.

República Dominicana continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación. Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.

Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio.