REDACCIÓN.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 693-24 el pasado 17 de diciembre, estableciendo nuevas tarifas arancelarias para el arroz importado. Esta medida tiene como objetivo principal proteger la producción nacional y garantizar la soberanía alimentaria en la República Dominicana, fundamentándose en disposiciones de la Constitución y de la Ley 589-16, modificada por la Ley 75-24.
El decreto establece que los productos de arroz importados estarán sujetos a un arancel del 20% ad valorem cuando se encuentren dentro del contingente permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, las importaciones fuera de este contingente enfrentarán un gravamen del 99% ad valorem, una estrategia que busca desincentivar el ingreso excesivo de arroz extranjero al mercado dominicano.
Además, se asignó una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz provenientes de los Estados Unidos, que estarán exentas de aranceles. No obstante, cualquier importación de este país que exceda dicha cuota será gravada con el arancel del 99%. En el caso de Nicaragua, los productos de arroz originarios de este país estarán sujetos directamente al arancel más alto, sin excepciones.
En su fundamentación, el decreto resalta la importancia del arroz como un alimento esencial en la dieta dominicana y su impacto en la estabilidad económica y social del país. Con 21 provincias dedicadas al cultivo de este cereal, cualquier afectación a la producción local representaría una amenaza significativa para la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades agrícolas.
El Gobierno también tiene en cuenta las obligaciones internacionales en materia de comercio, especialmente los compromisos asumidos con la OMC y el DR-CAFTA. Por ello, las medidas buscan un equilibrio entre proteger el mercado interno y cumplir con los tratados comerciales.
El decreto estará vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), basado en nuevos informes técnicos, recomiende modificaciones. En este sentido, el presidente Abinader ha subrayado que la estabilidad económica de los agricultores locales y la seguridad alimentaria del país son prioridades fundamentales en la política pública.
Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la producción nacional, garantizando un mercado justo para los agricultores dominicanos y asegurando el acceso constante a un producto básico como el arroz para las familias del país. El decreto entra en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial.
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