Brasilia.- El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva va a investigar una campaña de Google contra un polémico proyecto de ley, que tramita en el Congreso brasileño, para combatir las noticias falsas y reglamentar las redes sociales.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció este lunes en sus redes sociales que ha solicitado a la Secretaría Nacional del Consumidor que apure «la posibilidad de configuración de prácticas abusivas» por parte de Google y otras plataformas tecnológicas.
Así respondió a un mensaje publicado por la organización de combate a la desinformación Sleeping Giants Brasil, en el que denunció que Google está «usando la propia plataforma para atacar» el proyecto de ley conocido como «PL de las fake news» (noticias falsas), al igual que Twitter.
Este lunes Google fijó en la versión brasileña de su buscador un enlace que llevaba a un artículo titulado «El PL de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil».
El texto, firmado por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, expone una serie de objeciones contra el citado proyecto de ley.
«Una de las consecuencias no deseadas, por ejemplo, es que el PL acaba protegiendo a quienes producen desinformación, lo que da lugar a la creación de más desinformación», asegura Lacerda en el artículo.
El mencionado proyecto de ley tramita en el Parlamento desde 2020 y podría ser votado este martes en la Cámara de Diputados con régimen de urgencia.
En la práctica, la iniciativa prevé endurecer el control hacia las redes sociales y ampliar la lista de contenidos que deben ser eliminados antes del dictamen judicial.
Por otro lado, el senador Randolfe Rodrigues, uno de los portavoces del Gobierno de Lula en el Congreso, comunicó este lunes que solicitará al órgano antimonopolios brasileño la apertura de una investigación administrativa por una posible «infracción contra el orden económico por abuso de posición dominante» de Google.
«Pediré, de forma cautelar, la retirada del artículo» publicado en el buscador y «la fijación de una multa por un valor máximo del 20 % de los ingresos brutos, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google», indicó Rodrigues en sus redes sociales.