Santo Domingo.- Es tan natural en República Dominicana vincular al Poder Ejecutivo con el Ministerio Público que, con frecuencia, se alzan voces en la sociedad para exigir directamente al Presidente que persiga o investigue ciertos hechos de tinte ilícito, como si dentro de sus funciones se encontrara la de dirigir la investigación penal y liderar el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad.
Este perspectiva que implica una unión indeleble entre gobierno y justicia, tiene su origen en el hecho de que es la misma Constitución la que crea el nexo matrimonial al establecer que el Procurador General de la República y (si ello ya no fuera suficiente, además) la mitad de los procuradores adjuntos (Art. 171) sean designados por el Presidente.
En esa medida, al considerar que estos funcionarios conforman el Ministerio Público que a su vez es un “órgano del sistema de justicia” (Art.169), se tiene como resultado que la designación que en ese sentido haga el gobierno viene impregnada de intereses político-partidistas afines, en el peor de los casos, o de sentimientos de gratitud y de profunda lealtad hacia el esquema que le ha hecho la merced de elegirlo, en el mejor de ellos.
Con justa razón analiza en este sentido Ferrajoli que, en el moderno Estado de derecho, el consenso “es la fuente de legitimidad de las funciones políticas del Poder Ejecutivo, lo que entraña la “esfera de lo decidible” por opción y discreción.
Entre tanto, advierte, las fuentes de legitimidad del Poder Judicial son la “corrección y el fundamento de las decisiones como presupuestos legales de su ejercicio”, llamado a ser, no consensuado, sino imparcial e independiente de cualquier influencia que no sea la que proceda de la ley misma, lo que lo enmarca en la “esfera de lo indecidible” (Ferrajoli, L. (2010). Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción. Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia).
En palabras llanas, siendo que el ámbito de lo representativo y discrecional del gobierno es absolutamente ajeno a la naturaleza legal estricta que legitima la jurisdicción, en esa disparidad se justifica la necesidad y urgencia de una separación funcional y orgánica que engendre independencia y luche por la permanente subsistencia de ella, con autonomía del hecho, del acusado y del partido político al cual se adscriba.
Y es precisamente la falta absoluta de esa franca separación del gobierno con el sistema de justicia la que ha llevado a que, hoy por hoy y con sobradas razones, se tilden de “politizados” muchos de los procesos penales que actualmente cursan y que se circunscriben a una fiera y aguerrida persecución de supuestos hechos delictivos cometidos por funcionarios del gobierno anterior.
Ese señalamiento se robustece al notar el franco contraste con la larga lista de asuntos denunciados por particulares, instituciones, funcionarios públicos y hasta por programas de investigación periodística local donde, con prueba en mano, se han levantado alertas importantes sobre la posible ocurrencia de diversos delitos en la gestión de ciertos funcionarios del actual gobierno y, sin embargo, esa ferocidad en la investigación y persecución se ha adormecido para dar lugar a un placido y silencioso sueño que cada día indigna más.
Entiendo que hasta que ese cordón umbilical entre gobierno y órgano fiscal no se rompa, la credibilidad del poder ejecutivo y del sistema de justicia seguirá en permanente cuestionamiento desde la peligrosa esquina de la afinidad partidista, mientras muchos ciudadanos seguirán clamando por una justicia imparcial donde lo único que “gobierne” sea un verdadero respeto por las garantías de todos los acusados, sin importar su afinidad política.