Un sentimiento generalizado de indignación, impotencia y frustración se ha manifestado por diversas vías en la población, luego de la vergüenza que ha significado la fallida experiencia de las elecciones municipales, suspendidas por fallas y tardanzas aún no explicadas.
Y no es para menos porque este vergonzosa situación ha asestado un serio golpe a la institucionalidad democrática, que se pensaba tenía una gran oportunidad de restaurar la credibilidad en el sistema electoral dominicano, dejando atrás una cultura de manipulaciones y malas artes.
Ha sido un irrespeto a la vocación democrática del pueblo dominicano, que desde temprano acudió masivamente a los centros de votación a ejercer el derecho al voto y también a los observadores internacionales que vinieron a apoyar lo que debió ser una fiesta cívica de los dominicanos.
La expresión popular ha sido vulnerada y los responsables de este atentado a la voluntad popular tienen que ser identificados y aplicar sobre ellos todo el peso de la ley. Tiene que haber consecuencias rápidas y contundentes, sin impunidad ni encubrimientos. De lo contrario nos encaminamos a un peligroso despeñadero social.