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Grave ilegalidad

Grave ilegalidad
José Báez Guerrero

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un amparo de las principales administradoras de riesgos de salud que invocan desde 2012 la ilegalidad de que todos los empleados públicos, incluidos de entidades autónomas y descentralizadas, deban afiliarse al estatal Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión revierte un fallo de 2013 a favor de las ARS.

El enfoque de los medios ha sido el pleito judicial entre las empresas privadas y la ARS estatal, olvidando como de costumbre al objeto y sujeto del negocio: la salud de los asegurados y sus derechos de libre elección y asociación, la libertad de empresa, la razonabilidad, la seguridad jurídica y otros. Si el SeNaSa es realmente mejor que las ARS privadas, ¿necesita realmente obligar a los empleados estatales a contratar con ella lo que en el mercado ofrecen también otras empresas?

¿Y si al Gobierno le da por montar una telefónica, todos los empleados públicos tendrían igualmente que ser clientes secuestrados? Ningún dominicano, empleado o no del Gobierno, debe ser obligado a contratar con quien no quiere.

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