La muerte de la adolescente Esmeralda Richiez en lo que aparenta ser un aborto da un nuevo impulso a los activistas de derechos humanos y grupos feministas para preparar su campaña a fin tratar de impedir que la bancada oficialista en la Cámara de Diputados ratifique en la legislatura que comienza el 27 de febrero el proyecto de Código Penal que mantiene la criminalización de la interrupción del embarazo en todas sus formas.