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Guatemala traslada a 225 reos para recuperar el control de cárcel máxima seguridad en la que habían animales salvajes

“El Infiernito”

El funcionario aseguró que “ya no hay ni un solo reo en el presidio ‘El Infiernito’. De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una cárcel de máxima seguridad”.

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CIUDAD DE GUATEMALA.- La policía de Guatemala halló cocodrilos, zorros y demás animales salvajes este domingo, tras hacerse con el control de la cárcel de seguridad “El Infiernito” al trasladar a los 225 miembros de la pandilla Barrio 18 internados, dedicados a extorsionar y ordenar crímenes.

Encontrar ese tipo de fauna silvestre “es un tema gravísimo porque demuestras que había un descontrol total” en la prisión, afirmó en su cuenta de X el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez.

El funcionario aseguró que “ya no hay ni un solo reo en el presidio ‘El Infiernito’. De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una cárcel de máxima seguridad”.

“Será repoblada. Eso sí, de acuerdo a su condición de privados de libertad. Son prisiones, NO vacaciones”, agregó en alusión a las comodidades que tenían los líderes de esa mafia.

Según imágenes oficiales, los reos tenían aire acondicionado, televisores y refrigeradores en el Centro de Máxima Seguridad Canadá -apodada “El Infiernito”-, en el departamento de Escuintla, 70 km al sur de la capital.

Ademas, encontraron animales de granja como pollos y gallinas, y una piscina con cocodrilos, agregó el ministro en un video compartido en X.

En una requisa anterior, la policía desmanteló en el penal una especie de “call center”, con teléfonos celulares y conexiones de internet, entre otros equipos.

Fauna y olvido

En el operativo de traslado que contó con 400 policías, también participaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la policía, al encontrar animales salvajes.

Entre los animales rescatados figuran dos cocodrilos, dos mapaches, dos zorros grises, un gavilán y otra ave de rapiña.

“Hemos pedido a Diprona que se encargue de resguardar a estos animales y darles un lugar distinto, obviamente, a la cárcel y que estén en condiciones adecuadas a su propia naturaleza”, aseveró el ministro Jiménez.

En tanto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) dijo en una nota que “los animales silvestres rescatados serán evaluados por médicos veterinarios para conocer el estado de salud y darles tratamiento si lo necesitan”.

Conap lamentó que uno de los mapaches murió y las causas aún están por establecerse.

Además determinarán si están aptos para ser liberados en su hábitat natural y, si ya perdieron la capacidad de buscar su propio alimento por la domesticación, se enviarán a un centro de rescate, pues no podrían sobrevivir por sí mismos.

La viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, coincidió con Jiménez al responsabilizar a “los gobiernos anteriores” de “ceder a los criminales” el control de las prisiones.

Para Palencia, quien hizo un recorrido por la cárcel con periodistas tras retomar el control, el abandono desde hace más de tres décadas permitió a “los reos tener una posibilidad de estar cómodos en este centro carcelario”.

“El sistema penitenciario es al único que no se le ha dado una reingeniería, ni en infraestructura, ni de tecnología, ni de dignificación a los guardias, ni una reforma”, lamentó.

La operación se realizó tres días después de que el presidente Bernardo Arévalo reconociera que zonas de la capital viven “prisioneras” de las pandillas, al reaccionar a un llamado de la ONU para que frene el reclutamiento de menores por parte de esas bandas.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios para exigir el pago de extorsiones a transportistas y comerciantes, entre otros. Quienes se niegan a pagar, son asesinados, según las autoridades.

Las propias autoridades reconocen que desde las prisiones salen la mayoría de llamadas telefónicas de extorsión.

La violencia criminal dejó en Guatemala 4.361 homicidios en 2023, una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, la mitad atribuidos al narcotráfico y a las pandillas.

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