Hablemos de prioridades

Nuestra primera prioridad en materia institucional debe estar orientada al fortalecimiento de la posición de los ciudadanos frente al poder estatal.  Tenemos otras muchas prioridades, es cierto, pero la experiencia política de las últimas décadas indica que nos hemos empantanado en el esfuerzo por consolidar las instituciones y con ello la democracia, cuya práctica entre nosotros sigue siendo débil y excluyente. Así, con el correr del tiempo, hemos destruido la capacidad de los ciudadanos para controlar de manera eficaz al Estado y a sus organismos represivos.

Lo que no acaba de entender el liderazgo político, tal vez porque no le conviene hacerlo, es que nuestra primera y más importante prioridad en el ámbito institucional se reduce a la necesidad de crear una opinión pública con suficiente peso para controlar un poder estatal que cada vez se proyecta más dominador con efectos embrutecedores de la conciencia cívica de los dominicanos. La discusión alrededor primero de la Constitución y la que ha seguido sobre el alcance de la misma es una prueba fehaciente de nuestra frágil institucionalidad y del poco valor que las opiniones ciudadanas tienen en la formulación y aplicación de políticas públicas, lo que ha permitido a la clase política un dominio casi absoluto de la vida nacional en todos los sentidos, con un lógico resquebrajamiento del respeto a la Constitución y las leyes, sin costo alguno para los infractores.

La democracia no alcanzará en este país un estadio ideal de seguridad ciudadana, mientras no seamos capaces de crear instituciones idóneas y respetables que suplanten el predominio de una clase política anquilosada y corrupta que ve en el ascenso al poder una oportunidad personal y no la de mejorar al país y garantizar la felicidad de un pueblo hastiado ya  de las decepciones que resultan de las promesas incumplidas.