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Hacia el pacto por la educación

El paso al frente dado por el Gobierno al convocar a la discusión de un pacto por la educación a través del Consejo Económico Social e Institucional, fue objeto de un deslucimiento inmerecido por parte de la Coalición  Educación Digna, que ha presentado tal iniciativa como una acción inconstitucional.

Esa entidad fue creada por decreto en el 2005 como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social e institucional, con las atribuciones de discutir sobre todos los temas que sea apoderado, y no pretendía otra cosa que acercar más a los distintos sectores de la sociedad a la toma de políticas públicas

En la Constitución del 2010 se le da una mayor dimensión a ese consejo y se le convierte en un órgano constitucional, disponiendo: “Artículo 251.- Consejo Económico y Social. La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por ley”.

Como no se ha cumplido ese mandato constitucional,  Coalición Educación Digna, alega que cualquier acuerdo que saliese del Consejo del 2005 es ilegal, porque el que debe estar vigente es el que ha de surgir de la ley que ordena la Constitución.

Ya sabemos que por un principio de la continuidad institucional en el Estado no existe la acefalia, y por lo tanto hasta que no sea sustituido por el órgano constitucional, el que tiene la fuerza de ley es el vigente desde el 2005.

Pero hay una pregunta importante, ¿es que un gobierno llamado a impulsar el mandato constitucional en lo que tiene que ver con el impulso de la ley que creará el Consejo ha preferido dilatarla para manejar a su antojo el que está vigente por decreto?

Si Coalición Educación Digna ha insistido desde hace más de seis meses con la necesidad de la aprobación de la ley que pautará la composición del Consejo Económico y Social,  lo propio ha hecho el Gobierno que la elaboró y envió a discusión y aprobación del Congreso, donde ha perimido  no por dificultades o desinterés gubernamental, sino por la falta de consenso entre los sectores empresariales, sobre su representatividad, por lo que no es correcto alimentar la percepción de que no se ha querido respetar la Constitución.

La política que ha seguido el Consejo Económico e Institucional en todos sus debates ha sido la de la apertura y sectores que no están expresamente designados en el decreto que lo crea han podido expresar sus posiciones sin ninguna restricción, por lo que sería un grave error de Coalición Educación Digna la de desechar ese escenario para presentar sus propuestas.

El espíritu con el que el presidente Danilo Medina dejó el pliego de propuestas del gobierno para discusión de todos los sectores, no ha sido de imposición sino al contrario. Es un acto de responsabilidad decirle a la sociedad lo que propone el gobierno y que esta opine y presente sus propuestas, y que de los debates salga lo mejor para el país.

El 4% por el que tanto se afanó no debe ir a un barril sin fondos a drenarse por las chorreras de un caos en el que todos reclamamos derechos sin cumplir deberes.

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