REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un magnicidio, un potente terremoto y el agravamiento de la inseguridad recrudecieron este año la dramática crisis en Haití, el país más pobre de América y cuya economía languidece sin un plan de rescate a la vista.
Haití se encuentra actualmente sin Parlamento, con un Gobierno que no ha sido elegido en las urnas y con una cúpula judicial inoperante para hacer frente a la profunda crisis política y la mayor ola de violencia que ha vivido el país caribeño en décadas, sin olvidar la atención que demandan los más de cuatro millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
EL MAGNICIDIO
La situación política venía deteriorándose progresivamente hasta que estalló por los aires la madrugada del 7 de julio, cuando de manera sorpresiva, un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia privada del presidente Jovenel Moise en Puerto Príncipe y le asesinaron, sin que los guardias que velaban por su seguridad ofrecieran resistencia alguna.
Tras el estupor causado por el magnicidio, las autoridades lanzaron un operativo de persecución y en pocas horas detuvieron a 18 exmilitares colombianos, y dieron muerte a otros tres.
Cinco meses después del magnicidio, sigue habiendo más interrogantes que respuestas en torno al crimen, del que se conocen muy pocos detalles. De hecho, todavía no se sabe quiénes son los autores intelectuales ni que les motivó para asesinar a un presidente que debía dejar el poder en febrero de 2022.
Según los últimos datos oficiales, 44 personas fueron detenidas en Haití por su supuesta implicación en el magnicidio, entre ellas doce policías, a los que se suman dos sospechosos más capturados en Jamaica y Turquía en los últimos meses.
El Gobierno de Haití, un país afectado por la impunidad y la poca credibilidad de la Justicia, pidió ayuda a Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato.
En el funeral de Moise, su esposa Martine dijo que su marido fue «abandonado y traicionado», y acusó del magnicidio a la oligarquía haitiana.
UN TERREMOTO EN MEDIO DE UNA ACUCIANTE CRISIS
Si ya la crisis era insoportable para millones de haitianos, el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido el 14 de agosto en la península sur vino a agravar aún más la situación en un país cuya economía se contrajo un 3,3 % en 2020 y podría menguar un 1,3 % adicional al finalizar este año, según proyecciones internacionales.
Al menos 2.248 personas murieron, más de 300 resultaron desaparecidas y otras 690.000 resultaron damnificadas como consecuencia del sismo, el de mayor magnitud después del sucedido en enero de 2010, que causó más de 300.000 muertes y 1,5 millones de damnificados, muchos de los cuales a día de hoy todavía siguen sin un techo.
Miles de los afectados por el terremoto de 2010 han protagonizado en los últimos meses un éxodo a pie por todo el continente americano, desde Chile o Brasil hasta la frontera de Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades.
EL AZOTE DE LAS BANDAS CRIMINALES
Aprovechando la crisis sociopolítica, las bandas armadas han aprovechado para sembrar el terror a diario a lo largo y ancho de este país de once millones de habitantes, secuestrando y asesinando indiscriminadamente.
Las pandillas llegaron incluso a provocar un grave desabastecimiento de combustible en octubre pasado, lo que provocó la suspensión de servicios básicos como el de la salud, la educación y la telefonía.
Las autoridades haitianas carecen de un cuerpo de policía con los recursos suficientes para enfrentar a las bandas, mientras que la comunidad internacional ha respondido con un no rotundo a las peticiones de envío de tropas.
Y como consecuencia de todas estas aciagas circunstancias, la emigración se ha disparado nuevamente.
UNA CRISIS POLÍTICA ESTANCADA
La situación política sigue en punto muerto: el primer ministro, Ariel Henry, asumió el poder tras el asesinato de Moise, y presentó a finales de noviembre un nuevo gabinete en el que sobresalen varias figuras de la oposición.
En septiembre pasado, Henry firmó un pacto con la oposición con el afán de garantizar la estabilidad política, pero hasta el momento el acuerdo es papel mojado.
El primer ministro haitiano pretende impulsar una reforma constitucional en 2022 y crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones a final de año, pero conforme avanza el tiempo sin resolver la crisis, el calendario cada día queda más en entredicho.