SANTO DOMINGO.- A quienes el Ministerio Público someta por alegadamente haber pagado para que los implicados en la Operación Gavilán le borraran sus antecedentes penales, podrían cumplir hasta 10 años de cárcel por soborno, según explicaron juristas. Aunque algunos entienden que el órgano acusador debió incluir al grupo en la solicitud de medida de coerción.
Al coincidir con el Ministerio Público, abogados explicaron que quien acepta el soborno y quien lo ofrece tienen la misma responsabilidad penal, porque también es necesario procesar judicialmente a los beneficiados de la supuesta red que funcionaba en la Procuraduría.
Asimismo, otros señalaron que los empleados de la procuraduría implicados en el caso podrían recibir solamente sanciones administrativas en la etapa final del caso.
Sin embargo, otros criticaron al órgano acusador por entender que los beneficiados en el caso debieron ser incluidos en la solicitud de medida de coerción.
El órgano acusador detalló que la Operación Gavilán tendrá una segunda fase para someter a los beneficiados de la supuesta red, mientras restablecen la base de datos de la procuraduría para volver atener los registros que fueron modificados.
Según el Ministerio Público, el grupo borró casi 17 mil registros penales por montos que van entre los ocho y 15 mil pesos.
La Oficina de Atención Permanente de esta demarcación tiene previsto dar a conocer hoy la decisión sobre la solicitud de medida de coerción hecha por el ministerio público.
El juez reservó el fallo para las seis de la tarde.