Hasta en la selva hay orden

Tony Pérez.

Insólito lo ocurrido el jueves 5 de junio en el municipio San Francisco de Macorís. No había visto cosa igual en mi medio siglo deambulando por los escabrosos caminos de la vida, casi la mitad de él en el mismo corazón del periodismo. De momento pensé en que la calle había sido tomada como locación para filmar una escena de violencia. Parecía que Osama Bin Laden y Sadam Husein habían replicado allí y que un comando de aliados intervenía con virulencia para quitarle un dolor de cabeza al imperio USA.

Nada de ficción, sin embargo.

Una turba de agentes adscritos a la regional nordeste de la Policía corrió calle arriba, bajo el ardiente sol y con un tropel de civiles detrás. Llegó al Palacio de Justicia, lo asaltó y se llevó para el cuartel a su compañero, el raso Marino Alonso Torres, quien cumplía una coerción tras ser acusado del asesinato de Puro Emmanuel López, el 3 de junio.

Lo más espectacular no fue empero tan triste e inusual escena, sino la cadena de reacciones diferentes del comandante regional, general Miguel Raúl de la Cruz Reyna. Primero alegó que desconocía tal desaguisado; luego adujo que ello estaba planificado pues la institución había descubierto intentos por envenenar al policía acusado; y, tras ser cancelado del cargo, ha advertido que el único culpable es él, como comandante, y no se arrepiente. Ha dicho que Puro Enmanuel López, muerto a tiros por la espalda en “un intercambio de disparos”, era un reconocido delincuente, y ha criticado con acidez la inversión de valores que, a su juicio, destruye a la sociedad.

El Presidente en funciones y Vicepresidente, Rafael Alburquerque; el jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, y el Procurador General Radhamés Jiménez han repudiado rápido acción tan descabellada. Han dispuesto el arresto para investigación a 23 implicados, entre ellos dos coroneles, tres mayores, dos primeros tenientes y un raso. El presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha propuesto  cancelación y sometimiento a la justicia de los implicados.

El rechazo general, las expulsiones y el sometimiento a la justicia son decisiones oportunas. La señal del Gobierno ha sido más que clara. Pero no basta.

Lo sucedido es un aviso de lo mal que andamos como sociedad en el siglo XXI. Porque no es un hecho aislado. Ni es exclusivo de la Policía. Revela el generalizado irrespeto a la institucionalidad, a la autoridad, a las leyes y a la sociedad.

El incremento de la violencia social, el pandillerismo, el tráfico y consumo de drogas, la impunidad, la corruptela policial, la inseguridad pública y su consecuente baño de sangre, en el nordeste y todo el país, cuelgan de tales sinrazones.

Por suerte el problema ha aflorado y, aunque de manera truculenta, nos manda a una evaluación profunda con miras a soluciones de fondo. Y eso es lo que las autoridades deberían promover ya, a menos que deseemos caer bajo un caos total que, al parecer, muy cerca está.

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