La excepcional cantidad de lluvia que recientemente cayó en el Distrito Nacional y otras provincias en un corto período de tiempo como consecuencia de una onda tropical nuevamente provocó que se alzaran voces de preocupación por el anegamiento de vías, las cuales probablemente se esfumarán sin contribuir a provocar las transformaciones requeridas al igual que en ocasiones anteriores.
Y precisamente debemos cambiar esa actitud, siendo capaces de identificar objetivamente las causas de los problemas y de decidir las soluciones, en vez de continuar la perniciosa práctica de poner vendas para detener la hemorragia sin atacar las razones que la provocan.
Debemos comprender que una de las causas de esta problemática es que tenemos un poderoso y concentrador gobierno central y unos muy débiles gobiernos locales, que no solo no reciben los recursos que por ley deben serles destinados, sino que quedaron sin las fuentes de ingresos que normalmente les pertenecen a estos en otras partes del mundo como la percepción de impuestos a la propiedad, que en nuestro país recauda y administra el gobierno central.
Aunque con razón muchas veces se alega que la mayoría de los gobiernos locales no tiene las capacidades necesarias y que sus funcionarios no reúnen los perfiles requeridos, esta no puede ser la excusa para mantener una perversa centralización de funciones en irrespeto a la Constitución y la ley, porque son los mismos partidos quienes han promovido malos candidatos, desnaturalizaron los concejos de regidores y atomizaron el territorio nacional con tal de tener más puestos para repartir entre sus seguidores aumentando los gastos y complejizando las situaciones.
La poca efectividad y el mal comportamiento de muchos funcionarios municipales ha hecho que pocos se interesen en defender el cumplimiento del artículo 204 de la Constitución que ordena la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales o de la ley que ordena la asignación de un 10% de los ingresos internos del Estado a los ayuntamientos, recibiendo estos poco menos de un 3%; pero situaciones como las que desnudan las lluvias deben servir para generar un cambio de visión, pues lo cierto es que ninguna ciudad puede tener un desarrollo coherente y sostenible sin recursos y si no se empodera a su gobierno local como garante y guardián de sus intereses, y a los munícipes como sus veedores.
Y no puede alegarse que el gobierno central carece de los recursos para hacer las transferencias correspondientes, pues lo que sucede es que los recursos son utilizados por algunas de sus dependencias que asumen o usurpan funciones municipales, lo que particularmente en nuestra capital primada de América ha permitido que cada quien haga lo que entiende afectando no solo su urbanismo y el concepto armónico de ciudad sino la vida misma de sus residentes, dejando sin aceras a peatones o tapando drenajes como sucedió en la avenida John F. Kennedy, o creando espacios urbanos bajo su control que luego se convierten en ruinas.
No permitamos que una vez más este debate dure apenas hasta que salga el sol, pues si queremos mejores ciudades, en las que los espacios públicos se respeten, los drenajes funcionen, la limpieza, el ornato y el orden sean la regla y exista un concepto de desarrollo urbano fundamentado en un plan de ordenamiento que mitigue las consecuencias del caótico crecimiento pasado y ordene el presente y futuro; debemos reclamar el cumplimiento de la Constitución y la ley para transferir recursos y competencias a los municipios, exigir y elegir mejores autoridades locales y hacer un uso efectivo de las vías de participación ciudadana que garanticen que se ejecuten las acciones requeridas y no las que alguien desee imponer.