SANTO DOMINGO.- La crisis sanitaria generada por el coronavirus también ha devenido en calamidades para la población que, en ocasiones, ha experimentado una reducción significativa de sus ingresos.
Como nos cuenta Julia Ramírez, a pesar de esto y de las múltiples advertencias por parte de las autoridades aún hay quienes aún violan el distanciamiento social.
En el municipio de Higuey, provincia la Altagracia, muchos que dependían del dinamismo turístico de la zona están bebiendo un trago amargo.
Este cocinero de 35 años laborada desde hacía poco más de años en un hotel en Cap Cana. Fue suspendido y ahora recibe una parte de su salario subsidiado por el programa FASE, más el 30 por ciento de su sueldo a través de su empleador, pero aun así, dice que no es suficiente.
Percibía poco más de 31 mil pesos entre sueldo y una comisión variable, mientras que ahora tiene que apañarse con unos 12 mil, mucho menos de la mitad.
Pero entre estas mismas calles hay otros cuya situación es aún más difícil.
La joven de 24 años que prefiere ocultar su rostro trabajaba en el área de servicio a cuartos en un hotel de la región. Vive con su madre, un sobrino y su hermana, quien también, según dijo, perdió su empleo.
Teme ante la incertidumbre del porvenir y pide que se preste atención a aquellos que quedaron desempleados.
En la zona del Hoyo de Friusa en Bávaro, en la misma provincia, también hay muchos que luchan por el pan de cada día.
Asegura que no es beneficiario de ningún programa del gobierno y que está criando a sus seis hijos como puede.
Además de gente necesitada, otro elemento muy visible en esta región turística es el irrespeto a las normas establecidas por el Estado que además del distanciamiento social, incluyen el uso obligatorio de mascarillas y el cierre de negocios que no son indispensables.