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Hipólito Mejía y el plazo razonable

Hipólito Mejía y el plazo razonable
Julio Cury

El recurso de casación que interpuso el ex Presidente Hipólito Mejía contra el Auto No. 18-2013, del 17 abril del 2013, dictado por el Dr. Mariano Germán Mejía, Presidente de la SCJ, en el marco de la acusación por difamación presentada contra Wilton Guerrero, sigue en estado de fallo. Han transcurrido poco más de 4 años desde entonces, muy a pesar de que el art. 427 del Código Procesal Penal establece que ese alto colegiado dispone de un plazo de “… hasta 30 días” para decidir los recursos de casación sometidos a su consideración.

La excesiva demora en que ha incurrido la SCJ ha resultado lesiva al derecho a la tutela judicial efectiva del ex Jefe de Estado. Es absolutamente irrazonable y arbitrario mantener ese proceso en jaque, pues agrede el derecho al debido proceso en su manifestación del plazo razonable en la impartición de justicia.  La intervención de los órganos jurisdiccionales deviene en legítima solo en caso de que la dilación en instruir y fallar no sobrepase los límites que fija la prudencia procesal.

Si bien es verdad que el plazo razonable no es un derecho medible de forma objetiva, no es menos cierto que la administración de justicia debe ser diligente en la solución de los litigios de que resulta apoderada. Y diligente es lo que no ha sido la SCJ en el caso del ex mandatario, sin olvidar que el
principio de celeridad debe ser interpretado, como ha considerado el TC, “tomando en cuenta el principio de dignidad humana y las
garantías que ofrece el Estado social y democrático de Derecho”.

Plazo razonable y dilaciones indebidas son locuciones hermanadas, pues se contraen al mismo contenido. No me refiero a necesidad de concluir este o cualquier otro proceso dentro del frío y matemático plazo que fija la ley, sino a que se decida la suerte de todo justiciable dentro de un plazo razonable, garantía procesal prevista no solo en el art. 69.2 de la Constitución, sino también en distintos instrumentos internacionales de
obligatorio cumplimiento para nuestro país.

Dando por descontando que la SCJ ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del Ing. Mejía, ¿procede aplicar la solución consagrada en el art. 154 del CPP? Parecería lo más lógico, pues no se trata de una casación sobre una sentencia de fondo, sino de incidentes que fueron irregularmente fallados por una autoridad desprovista de facultad para ello: “Cuando la SCJ no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por este
código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, en cuyo
caso se entiende que el recurso ha sido rechazado”.

La interrogante formulada abre otras tantas, pues trae al debate el alcance de lo que puede reputarse como desfavorable para un imputado, y más aún, la constitucionalidad de la presunción planteada por el citado art. 154, que a mi modo de ver no acierta a pasar, ni con malas calificaciones, el test de razonabilidad empleado por las más diversas jurisdicciones constitucionales comparadas y que ya ha adoptado nuestro TC.

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