REDACCIÓN.- La controversia sobre la falta de cúmulo de penas en la República Dominicana resurge tras la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, que condenó a solo 20 años de prisión a Jean Carlos Cruz Martínez (Coquito) y Carlos José Núñez Díaz (Gambao). Los hombres, responsables de asesinar a cinco personas y herir a otras cuatro en 2022 durante una balacera en el ensanche Hermanas Mirabal (Yagüita del Ejido), recibieron una pena que algunos consideran insuficiente debido a las limitaciones del Código Penal.
El caso, marcado por la violencia extrema y pugnas relacionadas con el microtráfico, dejó como víctimas mortales a Andy Junior Germosén Sánchez, Joan Anphernick Díaz (La Perry), Isabel Lisbeth Ramírez Marmolejos, Alina Tejada Ramos y Sandy Antonio Reyes (Vitilla). Los heridos, entre ellos un menor de 14 años, también sufrieron lesiones graves.
El fiscal Pedro Martínez, en representación del Ministerio Público, presentó cargos de homicidio voluntario y asociación de malhechores contra los acusados, en base a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano. A pesar de la gravedad de los hechos, las penas no superan los 20 años debido a que el sistema judicial dominicano no contempla el cúmulo de penas, lo que impide sumar las condenas por cada delito cometido.
El Código Penal establece que en casos de reincidencia se puede aumentar la pena hasta el doble, pero no permite acumular condenas por delitos múltiples. En este caso, aunque los condenados cometieron múltiples homicidios y heridas, la pena máxima aplicada fue de 20 años.
Carlos José Núñez Díaz (Gambao), quien huyó a los Estados Unidos tras los hechos, fue deportado y sometido a la justicia dominicana. Por su parte, Jean Carlos Cruz Martínez (Coquito) fue arrestado poco después de la balacera. Ambos cumplirán sus penas en diferentes centros penitenciarios: Núñez Díaz en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito en La Vega, y Cruz Martínez en la cárcel pública de Palo Hincado en Cotuí.
Además de la pena de prisión, los condenados deberán pagar una indemnización de 11 millones de pesos, distribuida entre las familias de las víctimas. La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 15 de enero de 2025.
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