SAN JUAN.- Los hospitales de Puerto Rico, mayoritariamente privados, se enfrentan a una nueva ronda de despidos a causa de una ocupación de sólo el 30 % provocada, entre otras razones, por el temor de los enfermos a contagiarse por COVID-19 en los centros sanitarios.
El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, pidió este martes al Gobierno que lidera Wanda Vázquez que acelere las ayudas económicas para el sector ante la gravedad de la situación.
LOS HOSPITALES TENDRÁN QUE VOLVER A DESPEDIR
Plá señaló que los hospitales tendrán que realizar nuevos despidos en el plazo de semanas debido a una ocupación que ronda el 30 %, en parte provocada por el miedo al contagio del coronavirus.
La alerta de Plá se produce el día en el que el Departamento de Salud no informó de muertes por COVID-19, por primera vez desde el pasado 28 de marzo.
Los fallecidos en Puerto Rico por el COVID-19 se sitúan en 45, mientras que los contagiados son 923, lo que supone 20 más que el lunes.
Hasta ahora, se han realizado un total de 8.535 pruebas, de las que 6.284 han resultado negativas y aún se espera el resultados de 1.322.
El secretario de Salud, Lorenzo González, se pronunció sobre el intento de compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus a través de una empresa supuestamente ligada a personas cercanas al Gobierno y la adquisición de ventiladores.
González confirmó que la compra se hará, en su momento, directamente al fabricante para evitar intermediarios y evitar así polémicas como la del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) en el intento de compra de un millón de pruebas rápidas a la constructora Apex General, cancelada por no poder cumplirse los plazos de entrega.
DISPONIBLES 20.000 PRUEBAS SEROLÓGICAS
Respecto a la distribución de pruebas rápidas de contagio, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Juan Rexach, señaló que alrededor de 20.000 pruebas serológicas estarán disponibles durante esta semana.
Las pruebas rápidas detectan los anticuerpos generados para proteger al cuerpo del virus, lo que puede servir para conocer cuántas personas pueden estar contagiadas.
Otro de los puntos polémicos en el asunto del COVID-191 es la posibilidad de multas por no usar mascarillas en el espacio público, tal y como establece la orden ejecutiva del pasado fin de semana.
El comisionado auxiliar de la Policía, Jorge Hernández, precisó hoy que los comerciantes que permitan a los ciudadanos acceder sin protección en la nariz y boca dentro a sus establecimientos son quiénes se enfrentarán a las sanciones por violar la orden ejecutiva 2020-033.
«Lo que aplica la orden ejecutiva. La denuncia de parte de la Policía como delito menos grave, con la multa de 100 a 5.000 dólares o 6 meses de cárcel, a discreción del tribunal. Pero es al comerciante, y aquí prácticamente todos los comerciantes que hemos visto y que hemos visitado están cumpliendo, incluso están supliendo a la gente con el equipo de seguridad», explicó.
ACLU IMPUGNA LAS REUNIONES PRIVADAS
Respecto a las órdenes ejecutivas y pese consenso de la necesidad de medidas, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) intentó impugnar la prohibición de las reuniones en hogares privados, lo que la normativa castiga con multas de 5.000 dólares o hasta 6 meses de cárcel.
La abogada Ana Quintero indicó sobre el asunto que la orden ejecutiva viola el derecho a la intimidad de las personas, a pesar de reconocer que se trata de evitar aglomeraciones de personas que favorezcan el contagio.
El papel de los medios también está siendo destacado, en especial desde que se pusiera fin, como había sido la pauta la pasada semana, a la presencia de periodistas de otras televisiones en los programas sobre el coronavirus de WIPR.
La medida levantó polémica debido, entre otros, a las escasas comparecencias públicas de la gobernadora y a la falta de asistencia de medios a los conversatorios semanales del Departamento de Salud a través de la televisión pública de la isla.
El comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano, presentó además una querella contra la gobernadora ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA) por el supuesto uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa.
La querella cuestiona el uso de WIPR para, supuestamente, controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia provocada por el COVID-19 y presuntamente para realzar la imagen de Vázquez como aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).