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JCE enfrenta escrutinio público en defensa del voto automatizado

JCE enfrenta escrutinio público en defensa del voto automatizado
JCE enfrenta escrutinio público en defensa del voto automatizado

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Pleno del a Junta Central Electoral (JCE) defiende ante los partidos políticos las ventajas del uso del Sistema del Voto Automatizado, y advierte sobre los peligros y dificultades de desechar los costosos equipos para volver a contar manualmente los sufragios en los dos comicios que se celebrarán el 2020.

La defensa la asumirá el organismo de electoral en una audiencia pública fijada para las 10 de la mañana en la sede central.

En el encuentro deberán fijar su posición de si aceptan o no el uso de los equipos en las elecciones de febrero y mayo del año 2020. Los equipos que fueron comprados a un costo de RD$1,000 millones son objeto de una auditoría forense destinada a verificar la factibilidad y despejar dudas.

La mayor oposición en contra del voto automatizado la tienen los partidos que respaldan las aspiraciones presidenciales del exmandatario Leonel Fernández. Se trata de los partidos: Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS); Fuerza Nacional Progresista (FNP); Unidad Nacional (PUN); Quisqueyano Demócrata (PQDC) y de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y/o La Fuerza del Pueblo.

Ese grupo de organizaciones ha planteado descartar el uso de la herramienta informática y contar los votos de manera manual.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha manifestado que si no se logra el consenso con los partidos políticos procederán al conteo manual voto por voto.

De no utilizarse el sistema del voto automatizado en las elecciones del venidero año 2020, el conteo manual se realizará con el auxilio de cuadernillos donde se asentarán los votos de cada partido y preferenciales de los candidatos por demarcación. Las planillas de los cuadernillos serán llenadas por el primer vocal de la mesa electoral y servirá para realizar la sumatoria de resultado de los votos. Deberá ser revisada por el secretario, no se plastificará, ni escaneará ni firmará, pues solo sería una herramienta de trabajo que se establece para tener un control de los votos preferenciales.

Para el 2020 proceso se utilizarían 399 formatos diferentes de boletas electorales las que incluirán en todos los niveles municipales las fotografías de los candidatos.

Auditoría más amplia

La Junta Central Electoral aceptó este miércoles la solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de ampliar de cinco a un 30 por ciento la muestra de las mesas electorales que serán sometidas a la auditoría forense al voto automatizado.

Ese 30 por ciento equivale a 2,212 mesas electorales de las cerca de 7 mil 300 que se usaron en las primarias de dos de los partidos mayoritarios.

Sin embargo, sólo 156 de estas se corresponden con los criterios establecidos por los partidos, como hora de transmisión, cierre de las votaciones, entre otros.

Por lo que los partidos deberán fijar otros parámetros para completar la muestra.

“Esas 156 mesas, quiere decir que es menos de la mitad de las 400 mesas que teníamos. A medida que se formen los criterios va a dar números y esos números van a ir completando hasta que se llegue a las 2 mil 212”, explicó Miguel ÁNGEL GARCÍA, director nacional de informática JCE.

Hasta el momento se desconoce cómo impactará la ampliación de la muestra en el presupuesto de la auditoría, que según contrato suscrito con la compañía Deloitte, se había fijado en unos 299 mil dólares.

El órgano comicial y los partidos continuaron este miércoles con los trabajos de la auditoría, que está a cargo de la empresa Deloitte Costa Rica, aunque sin la presencia de los leonelistas, que insisten en la ilegalidad del proceso.

Mientras que los colectivos políticos condicionaron el uso del voto automatizado en los comicios venideros a los resultados de dicha auditoría, tras los cuestionamientos y denuncias de fraude en las primarias del oficialista PLD.

Se desconoce también cómo afectará la ampliación de la muestra el cronograma de entrega de los resultados de la auditoría, cuya primera fase estaba prevista concluir en dos semanas.

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