Puerto Príncipe.-La investigación sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise sigue estancada, mientras el país conmemora este viernes el segundo aniversario del magnicidio en un contexto de crisis sin precedentes.
El 7 de julio de 2021, Moise fue torturado y asesinado en su residencia privada de Perlerin 5, en Pétion-ville, por un grupo de mercenarios entre los que había colombianos y antiguos efectivos de los servicios secretos estadounidenses.
El equipo contaba con la complicidad de agentes de las unidades especializadas del Palacio Nacional encargadas de garantizar la seguridad del jefe de Estado a varios niveles.
Ahora, dos años después, Haití sigue sin saber quién lo mató y la viuda del malogrado mandatario, Martine Moise, considera al actual primer ministro, Ariel Henry, sospechoso de haber participado en el crimen.
Este mismo viernes, Martine Moise recordó en Twitter lo sucedido y afirmó que, «ante el bloqueo institucional de los asesinos en el poder, hace falta un tribunal especial internacional».
Este 7 de julio tanto las autoridades haitianas como los seguidores del difunto presidente llevaron a cabo actos en su recuerdo, en una jornada declarada de duelo nacional en la que las banderas del país ondean a media asta y las discotecas y locales similares permanecen cerrados.
UNA LENTITUD INACEPTABLE EN LA INVESTIGACIÓN
En Haití el caso está prácticamente olvidado, se habla muy poco de él. Las autoridades apenas lo mencionan y el proceso judicial ya ha pasado por cinco jueces de instrucción, sin que hasta la fecha se haya hecho pública ninguna orden para celebrar un juicio.
Ante esta falta de avances, la estatal Oficina de Protección al Ciudadano (OPC) constata con «preocupación e inquietud la inaceptable lentitud» en la investigación.
Aunque las autoridades de EE.UU. han detenido a varias personas implicadas en los hechos (una de ellas fue condenada a cadena perpetua allí, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar), «hay que admitir que a nivel nacional la insatisfacción es casi total», señaló la OPC en un comunicado.
«Muchas de las personas denunciadas en este asesinato siguen huyendo» y las condiciones de seguridad para los magistrados nombrados sucesivamente para instruir el caso son «extremadamente precarias», indicó.
Frente a la paralización del caso, insistió en que una instancia internacional apoye a la Justicia haitiana para conocer la verdad sobre la muerte de Moise y alertó: «Si no se esclarece este crimen abominable, se allanará el camino para el asesinato de otros jefes de Estado en las mismas condiciones y con el mismo grado de crueldad y barbarie».
Para la OPC, «es hora de detener el tren de la violencia ligada a la impunidad y lograr el triunfo de la justicia (…) La copa de la barbarie, la impunidad y el terrorismo está llena de víctimas asesinadas a diario bajo el paraguas de la impunidad y la bendición de la corrupción».
PETICIÓN DE UN TRIBUNAL ESPECIAL
El caso está estancado en Haití, pero sí ha habido avances en Estados Unidos.
Por ello, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH, por su sigla en francés) de Haití pide, al igual que la viuda de Moise, la creación de un tribunal o cámara especial para celebrar un juicio «en condiciones», pues considera que el hecho de que dos familias jurídicas diferentes (Common Law/Romano-Germánico) trabajen en el caso sin cooperación socava la posibilidad de una investigación judicial adecuada en Haití.
El CARDH recuerda a los líderes mundiales y las instituciones mundiales, incluidas la ONU y la Organización de Estados Americanos, que tienen la responsabilidad de contribuir a un juicio adecuado en nombre de «la solidaridad y la moralidad internacionales».
Esta falta de avances se produce en medio de una crisis multidimensional en Haití agudizada tras el asesinato de Moise y una espiral de violencia a manos de unas bandas armadas que se han hecho fuertes y siembran el terror entre la población.
En octubre pasado, el Gobierno de Haití pidió el despliegue de una fuerza multinacional, demanda que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres, quien, tras comprobar el pasado sábado sobre el terreno la crítica situación que vive el país, ayer mismo volvió a solicitar a la comunidad internacional actuar «de inmediato».