La obsolescencia programada u obsolescencia planificada, es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos, por ejemplo, por falta de repuestos y haya que comprar otro nuevo que lo sustituya.
En la actualidad, este es el tema central de todas las organizaciones que ostentan la defensa de los consumidores a nivel mundial, encabezadas por Consumers International (CI) -la organización más sólida y antigua en el tema- sin mencionar, las organizaciones de defensa al medio ambiente y recursos naturales, debido a los considerables riesgos que implica para éste.
La obsolescencia programada es, básicamente, una fecha de vencimiento intencional que los fabricantes imponen a sus productos, para que el consumidor se vea obligado a comprarlos otra vez; ya sea un nuevo modelo actualizado con nuevas funciones o a otro modificado con posterioridad. El ejemplo clásico de este fenómeno se observa con los teléfonos celulares: usted siempre observa que el fabricante le envía “actualizaciones” para que el aparato mejore su rendimiento y efectividad. Sin embargo, luego de que el fabricante mercadea nuevos modelos de estos teléfonos celulares, usted nota que el suyo –que no es nuevo- ya no recibe nuevas actualizaciones o las actualizaciones que recibe no pueden ser incorporadas a su aparato.
En este sentido, usted se ve obligado a adquirir un nuevo teléfono celular, ya que el suyo no le es útil porque no puede funcionar sin la última actualización. Sin embargo, el aparato no está dañado, no es inservible y con una actualización de software adecuada, puede seguir funcionando; pero esa no es la intención del fabricante: su modelo de negocio funciona cuando usted le compra el nuevo modelo, no cuando usted se queda con el “viejo modelo”. Este modelo de negocio, se inició con la bombilla incandescente y no sólo se aplica a los teléfonos celulares, sino a todo aparato eléctrico o electrónico.
Este modelo económico, tiene serias implicaciones para el medio ambiente, ya que nadie sabe qué hacer con los desechos de estos aparatos. Un fabricante de éstos teléfonos celulares ha sugerido, que los teléfonos usados le sean devueltos con la finalidad de ser reciclados, pero esto es poco práctico y no ha demostrado ser una solución real al problema. Los países más conscientes de esta problemática, han empezado a legislar para evitar que las consecuencias de este modelo en el futuro, no sean las peores.
Ecuador aprobó en 2016 una ley para comprobar que los productos adquiridos por el Estado no sufran de obsolescencia programada, la cual prevé sanciones administrativas y penales de incumplirse. No está claro si la legislación también aplica a personas particulares. En Francia, la ley sobre la transición energética y el crecimiento verde (Ley 2015-992) creó el delito de «obsolescencia planificada», el cual se castiga con dos años de prisión, una multa de 300,000 euros o el 5 % de las ventas anuales de la empresa.
El Estado dominicano, debe tomar en cuenta esta problemática –así como la opinión pública- para generar conciencia y plantear las posibles soluciones para el pueblo dominicano.
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