Implicados en Operación Calamar obligaron a empresarios a cederles parte de sus contratos con el Estado, según la PEPCA

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público acusa a los 46 acusados en la Operación Calamar de formar una estructura delictiva o Holding criminal, que le costó al Estado 21 mil millones de pesos.

El exsenador de la provincia de Azua, Rafael Calderón y un hijo del exministro de Hacienda, forman parte de los nuevos acusados.

El órgano investigador en la acusación depositada para que se fije auto de apertura a juicio acusa a 34 personas físicas y 12 empresas.

Indica el documento que la supuesta red se configuró a través del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.

De acuerdo a la PEPCA, las líneas de acción del conjunto de empresas criminales que formaron una sociedad alrededor de un grupo organizado constituyéndose en un holding criminal como son “implementación de un programa de contratista plagado de falsedades, maniobras fraudulentas y millonaria distracciones públicas a través de El Programa de Contratistas a través del Banco de Reservas por el que se paga la suma de veinte mil novecientos noventa y cuatro millones ochocientos treinta y un mil doscientos cincuentas pesos con sesenta y cinco centavos” (RD$20,904,831,250.65)”.

En el presente escrito de acusación, el MP asegura se prueba que los acusados orquestaron una sofisticada “organización criminal que inició sus operaciones estructuradas desde el 2012”.

Presentan un crecimiento vertiginoso, a partir del 2016, específicamente cuando el acusado Donald Guerrero fue designado como Ministro de Hacienda. Manifestándose el entramado criminal en múltiples acciones y desplegando una estrategia empresarial tan diversa y combinada que no tendrían nada que envidiarle a un “holding lícito”.

En cuanto a organización, funciones, perfil criminal de sus integrantes y los exorbitantes recursos que obtuvieron como ganancia, con el objetivo de distraer del erario, más de cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve mil pesos con setenta y cinco centavos “(RD $41, 185,964,839.76)”.

Asegura la PEPCA que Crearon un Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, en el que el total delos pagos se elaboraron en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una “mega operación de lavado de activos”.

“Falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular”.

“Constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado”.

Afirma el MP que “utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel”.

Supuestamente “adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados”.

Alegadamente “accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45, 000 000.00 millones de dólares, sin ninguna garantía”.

Indica la acusación que “falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido”.

Además señala el documento que “aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados”.

El órgano investigador relata que “crearon necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano “…erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal”.

Se detalla además que “requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la OISOE” señalando la PEPCA que dicha entidad era “La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”.

De igual forma, la PEPCA indica en la acusación que “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas,los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.

En ese sentido, afirme el MP que se comportaron como la “alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.

Alegadamente “formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord”, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales.

“Realizaban pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago”.

Supuestamente “emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada”.

“Emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil”.

“Las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión”.

La acusación detalla que utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor.
“Simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte”.

“El ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”.

Asimismo, crearon empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.

Utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de”… cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano”.

La asociación criminal dice la PEPCA orquestada por los ex funcionarios realizaban Pagos ilícitos de expropiaciones y reconocimiento de deudas administrativas, Pagos ilícitos de deudas administrativas sustentas en cubicaciones ficticia, Creación de El Programa o El Proyecto´´ que consistía el “…cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportiva y los colmados que tenían máquinas tragamonedas y Presentaron supuestamente “Declaración jurada falseada para lavar activos provenientes de actos de corrupción.

De acuerdo a la acusación, el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón,es uno de los nuevos imputados en la acusación de la Operación Calamar, es señalado en el documento acusatorio como un individuo que se alió para participar en un esquema de soborno para distraer sumas millonarios de las arcas del cuales fueron utilizados para fines de campaña política y compra de bienes suntuosos.

“A los fines de beneficiar a la rama de la estructura criminal de corrupción de la cual eran participes el ex senador por la provincia de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, en la cual el ejecutor operativo era el acusado Edwin Oscar Brito Martínez, el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz nueva vez extralimitándose en sus funciones legítimas, en fecha nueve (9) de julio del año 2020 suscribió un contrato de venta de inmueble con el fenecido Roberto Valentín Ventura, mediante el cual comprometió al Estado dominicano a pagar la suma de ciento cincuenta y nueve millones de pesos (DOP 159,000,000.00) por la expropiación de los terrenos con una extensión superficial de 100,000.00 m2, ubicados dentro de la parcela núm. 1- del municipio Pedro Brand.

Calderón Martínez recibió del señor Ovalle Sánchez el monto de cincuenta y un millón de pesos (DOP51,000,000.00) de los sesenta y un millón de pesos (DOP61,000,000.00) recibidos por este último, mientras que de los noventa millones de pesos (DOP90,000,000.00) el señor Ovalle Sánchez le entregó la cantidad de cincuenta millones de pesos (DOP50,000,000.00). Reiteramos, que, este dinero era entregado en efectivo en las manos del propio acusado Rafael Calderón, quien se desempeñaba como Senador de la provincia Azua, en el período constitucional 2016-2020, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual gobernaba el país en el momento de los hechos”.

Para consumar las acciones anteriormente descritas, el acusado Edwin Oscar Brito Martínez, confeccionó y adulteró documentos, al propio tiempo hizo uso de documentos falsos, para así facilitar la obtención del pago a través de las ya conocidas cesiones de crédito ficticias en las cuales figuraba como beneficiario.
Una vez recibidos los fondos estos entraban dentro del esquema de repartición acordada, una parte para Rafael Calderón Martínez y la otra para Ángel Donald Guerrero Ortiz, cuyo destino final era el financiamiento de la campaña política de Gonzalo Castillo.

Otro de los nuevos acusados es Daniel Alberto Guerrero Mena, que según la PEPCA Dentro de las empresas que fueron beneficiadas ilegalmente con el pago de los veinte mil setecientos cincuenta y nueve millones ochocientos nueve mil noventa y dos pesos con 60/100 (DOP 20,759,809,092.60), sin conciliación de deuda, factura ni cubicaciones, figura Intercaribe Mercantil, S.A.S empresa q constituida en el año 2013 por al acusado Ángel Donald Guerreo Ortiz, la cual al momento del pago de la suma antes indicada estaba representada por su hijo el acusado Daniel Guerrero Mena.

Al ordenar este pago el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz desfalcó al Estado con la referida suma más cincuenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos noventa pesos con 03/100 (DOP51,715,490.03) al asumir el pago de los intereses de una línea de crédito privada de la empresa de su hijo el acusado Daniel Guerrero Mena con cargo al 15% de las utilidades del Banco de Reservas del año 2019, fondos que estaban destinados al pago de deudas contraídas por las instituciones públicas.

El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano más de 41 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.

De los montos, 20,281,133,589.11 (20, 281 millones de pesos) corresponden a expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa; mientras que por concepto de líneas de crédito y contratistas del Estado vía Banco de Reservas fueron unos 20,904,831,250.65 (20,904 millones de pesos).

El Ministerio Público alega que esta estructura se configuró a partir del partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.

Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.

También alegadamente adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, queen algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.

Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.

Los imputados

En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.

Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.