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Imponen medidas de coerción a siete personas por fraude eléctrico

Imponen medidas de coerción a siete personas por fraude eléctrico
Imponen medidas de coerción a siete personas por fraude eléctrico

Justicia.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer, informó este miércoles que les fueron impuestas medidas de coerción a siete personas mediante la modalidad de garantía económica, por violación del artículo 125a de la Ley General de Electricidad 125-01 y los artículos 379 y 401 del Código Penal.

Ferrer declaró que los jueces de atención permanente impusieron un millón 55 mil 500 pesos como garantía económica a los justiciados por cometer fraude energético en detrimento de las empresas distribuidoras de Electricidad del Norte y del Este.

El Magistrado Ferrer reveló que a Austria Andrea Bueno, la jueza de Atención Permanente de Santiago, Agueda del Carmen García, le impuso 300 mil pesos como garantía económica al ser encontrada en fragrante delito por segunda ocasión.

La dama fue detenida cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional del Cibao a solicitud de la Eléctrica General Adjunta para el Sistema Eléctrico para que responda por los casos que se le imputan.

La primera vez a la dama le fue levanta un acta luego de ser sorprendida con un fraude eléctrico consistente en la colocación de una tarjeta de radiofrecuencia para apagar el medidor a través de control remoto.

Posteriormente se le encontró un piñón limado que provocaba un subregistro de -78 por ciento de energía consumida en detrimento de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE).

Ferrer afirmó que además fueron sometidos Miguel Ángel Arias Moreno, a quien le fue impuesta una medida de coerción consistente en 200 mil pesos; Julio Felipe NG Ying y Neudys Pérez Hernández; con iguales garantías económica.

El Magistrado comentó que a Juan Pablo Caraballo le fue impuesta una garantía de 100 mil pesos, mientras que a Reynaldo Caonabo Rosario una de 50 mil pesos y a José Francisco Brito cinco mil 500 pesos.

Los jueces de instrucción de las provincias Santiago, Santo Domingo y del Distrito Nacional además colocaron impedimento de salida y presentación periódica de los imputados para que no se sustraigan de la investigación que lleva a cabo la PGASE.

En ese orden, el Magistrado Moisés Ferrer enfatizó que no permitirá que, en su gestión, personas continúen defraudando al Estado mediante el robo de energía. Por lo que advirtió a la población descontinuar esa práctica que tanto daño hace al país.

 

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