SANTO DOMINGO .- Una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección, le fue impuesta un año de prisión preventiva a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida de coerción a Aida Ramos de Hernández.
La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina, dijo que el sometimiento se realizó con base en evidencias que vinculan a la mujer con delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero, hechos que se registraron durante los últimos 17 años, se informó en un comunicado.
En la instancia con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra 39 acciones penales por los indicados delitos.
La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en su representación.
El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyos objetos sociales eran el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.
A través del esquema societario, Ramos de Hernández y otros accionistas utilizaron, además, esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlo a terceros en calidad de préstamos y con ello retornarles ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un cuatro y un 18 por ciento.
Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, salió del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia. A raíz de las diligencias del Ministerio Público es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.
Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los artículos 148, 265, 266 y 405 del Código Penal y el artículo 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
