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Impunidad total

Ante el escándalo que rodea la contratación de obras del Estado a la empresa brasileña Odebrecht, de manera muy extraña y sorpresiva el presidente Danilo Medina ha creado una comisión “independiente” integrada por “notables” para que investigue la veracidad de las denuncias de soborno de 92 millones de dólares a funcionarios del gobierno, creando una dicotomía  inexplicable con el Ministerio Público que legalmente tiene esas atribuciones, no importa lo que diga el decreto del Ejecutivo.

Llamo la atención sobre el hecho de que en la mayoría de los casos los “independientes” no son independientes, ni  los “notables”,  notables. En algunos existen conflictos de intereses, en otros compromisos políticos muy obvios, lo cual los descalifica para una investigación seria. Ninguno tiene conocimiento ni experiencia en investigación criminal. La persona que preside el grupo o tiene calidad moral porque pertenece a una empresa vinculada con Odeebrecht, de la cual dice ahora que ha renunciado creando más incredulidad.

El interés del gobierno no es encontrar a los culpables de recibir sobornos y de sobrevaluar las obras contratadas, que es peor y mayor el escándalo; el propósito es ganar tiempo, dejar que el circo siga su curso en lo que llega el pan, si es que llega, mientras el morbo mediático ocupa los primeros planos en los medios de comunicación a través del ejercito de bocinas que tiene el gobierno. (Más de tres mil)

Si de verdad existiera interés por “llevar el caso hasta sus últimas consecuencias”, como ha dicho el Procurador General de la República, (ese pobre muchacho) ya se habría contratado a una empresa extranjera   para que auditara las obras realizadas por Odebrecht en el país y de ese modo determinar los niveles de sobrevaluación de las mismas, incluyendo, claro está, las plantas eléctricas de Punta Catalina, Bani, cuyo sobreprecio, según las denuncias, es superior a los mil millones de dólares. (Más de 60 mil millones de pesos)

En Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, Bolivia, Angola, etc.,  no  se han creado comisiones dudosas extrajudiciales para investigar lo que tiene que investigar de manera independiente el Ministerio Público, sin interferencia del presidente de la República.

Me temo que con Odebrecht sucederá lo mismo que con el Programa de Empleo Mínimo (Peme), la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), los 130 millones de dólares de la Sun Land, los aviones Súper Tucano, la empresa AAA,  la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, Díaz Rúa,  y muchos otros escándalos de corrupción: ¡NADA!

El entramado gansteril y mafioso que ha creado el Partido de la Liberación Dominicana en nuestro país, que le ha permitido controlar los estamentos del Estado y de la sociedad,  impide que se persiga y se castigue la corrupción ejemplarmente, como sucede en otras latitudes del mundo.

El caso Odebrecht no puede llegar hasta el final porque involucra a todo el gobierno, al partido que lo sustenta y a quienes lo encabezan. Para esos señores no hay justicia, ni cárcel que los albergue, ya sea  en el viejo o el nuevo modelo penitenciario.

Si tuviéramos fiscales y jueces comprometidos con la verdad y la justicia, si tuviéramos un Ministerio Público independiente,  entonces podríamos creer en el sistema de justicia en el país. Pero eso no existe. (La justicia dominicana es ciega, sorda y muda cuando se trata de corruptos del PLD y sus asociados)

En lo que a mí respecta, no creo en el Presidente de la República, no creo en su Procurador,  (pobre muchacho),  no creo en los jueces, no creo en los oportunistas,  políticos, tontos útiles, o ingenuos que integran la Comisión que “investigará” Odebrecht, ni le hago caso a las bocinas que hoy tienen más trabajo que nunca. Solo sé que en cualquier otro país mínimamente institucionalizado el escándalo de Odebrecht se habría llevado el gobierno completo obligando a nuevas elecciones presidenciales y congresuales después de haber metido en la cárcel a los culpables del mayor acto de corrupción de la historia.

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