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Industriales piden actuar con prudencia ante Loma Miranda

Industriales piden actuar con prudencia ante Loma Miranda
Industriales piden actuar con prudencia ante Loma Miranda
Ligia Bonetti de Valiente, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.

Ligia Bonetti de Valiente, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pidió a los legisladores actuar con prudencia ante Loma Miranda.

Además mostró preocupación por las posibles implicaciones negativas que se derivarían de la aprobación del informe de la comisión especial del Senado que tuvo a su cargo la revisión  del proyecto de ley que convertiría en Parque Nacional a Loma Miranda e indicó que el Congreso Nacional está en un momento adecuado para fomentar la formulación de políticas que faciliten el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo minero.

En un documento de prensa la AIRD indicó que la Comisión del Senado que elaboró esta propuesta no establece con claridad qué se protege y apenas hace enunciados generales en los que habla de un “ecosistema muy singular”, que atesora “inestimable riqueza biológica”, en base a lo cual busca declarar la zona parque nacional como “un bien mayor de la nación”.

En ese mismo ámbito consideró que no es apropiado tomar una medida tan trascendental como la que se pretende en este proyecto de ley sin los estudios técnicos correspondientes que indiquen, con detalles, qué se busca proteger y entrando, inclusive,  en contradicción con la Ley 01-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual restringe la posibilidad de crear nuevos parques nacionales.

La cúpula industrial afirmó que todo el mundo sabe que la AIRD promueve el desarrollo sostenible y que lo ha expresado en múltiples ocasiones. “Creemos en el ejercicio de una minería ambientalmente responsable. Creemos que los avances tecnológicos permiten a la industria minera ser cada vez más amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, pero también creemos que los Estados deben hacer valer su papel de reguladores y guardianes del cumplimiento de las leyes y disposiciones ambientales, cuidando del patrimonio natural a la vez que de las iniciativas productivas que conducen a la mejora de calidad de vida de una población”.

Indicaron que de lo que se trata, entonces, no es de decir no a la minería, sino de establecer parámetros ambientales altos y de que el Gobierno vele  por su cumplimiento.

Advirtieron que, tal como señaló el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo,  se debe actuar sopesadamente y con prudencia ante el costo tanto económico como político que implicaría  un conflicto como el planteado con el sector minero.

“Nos encontramos en circunstancias en que el Estado debe sopesar costos, tanto monetarios como de imagen internacional ante un hecho que pudiera afectar la seguridad jurídica y el clima de inversión. Una decisión de esta naturaleza, sin el soporte técnico correspondiente podría dar una mala señal a los agentes económicos”, afirmó la AIRD.

La Asociación de Industria estimó que el proyecto podría conllevar implicaciones de inconstitucionalidad si se aprueba el artículo 9 del mismo, al crear multas y cargas administrativas que no son facultad del Congreso Nacional y que según la Constitución de la República deben ser establecidas por el ministerio facultado para esos fines, como contraprestación de un servicio. En ese artículo se establece un incremento de 10% al valor a pagar al Ministerio de Medio Ambiente por el concepto de una licencia o permiso ambiental aprobado para cada empresa, institución o persona para tener derecho a la exploración o explotación en el territorio nacional o en su plataforma marítima de minerales metálicos y no metálicos.

En adición, consideraron negativo lo establecido en el numeral 2 de este mismo artículo 9 que instituye “una multa equivalente al doble del valor de mercado del área o territorio que haya sido impactado negativamente como consecuencia de la exploración o explotación de materiales metálicos y no metálicos, en el territorio nacional y su plataforma marítima, lo que contradice lo establecido en la Ley 64-00 y sus reglamentos que disponen los procedimientos para establecer las sanciones cuando se violan disposiciones ambientales o se incurre en incumplimiento de lo establecido en una licencia o permiso ambiental. Esta disposición obvia esta realidad y parece, además, penalizar de antemano toda industria minera y de la construcción, sin tomar en cuenta los planes de gestión del medio ambiente que llevan las empresas, indicaron.

 

 

 

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