Inexcusable violación

Si tuviéramos que resumir algunas de las cosas que debemos corregir como sociedad, tendríamos que incluir la perniciosa práctica de restarle importancia a lo que verdaderamente la tiene por esa tendencia cultural de relajar las cosas, la costumbre de no dar seguimiento a los temas hasta que se cumplan y la excesiva elasticidad que exhibimos frente a nuestras autoridades, la cual nos hace tolerar o hasta justificar acciones discrecionales e incumplimientos con la ley.

Por eso nuestros gobernantes astutamente juegan al cansancio con algunos temas, controlan la agenda nacional poniendo en cartelera lo que desean y relegando al olvido lo que no, y se sienten con el derecho de torcer la ley y de tomar decisiones que generan consecuencias para el país como si se trataran de asuntos personales.

Los cambios que muchos aspiramos se produzcan en el país nunca se darán si no aprendemos que solo repitiendo los esfuerzos sin cansarnos alcanzaremos algunos y que el verdadero sostén institucional de un país y de las garantías ciudadanas radica en su nivel de cultura de respeto a la ley y no en la amplitud de su marco legal.

Por eso es necesario que fomentemos el pensamiento crítico, y que cultivemos los valores de excelencia, trabajo, independencia y honestidad, pues de lo contrario el servilismo, el clientelismo y la degradación de los liderazgos seguirán primando.

En momentos en que parecería que lo único importante en nuestra agenda es el pulso entre los dos líderes del partido oficial,  importantes situaciones se están dando a nivel internacional que producen consecuencias y requieren acciones adecuadas, a la vez que muchos temas prioritarios están deliberadamente suspendidos.

Es el caso del incumplimiento al mandato constitucional de que se produzca la renovación gradual de los miembros del Tribunal Constitucional, que según la disposición transitoria decimonovena de nuestra Constitución debe hacerse por grupos, tocando realizar la del primer grupo de cuatro a los seis años; y a pesar de que este plazo se cumplió a finales de diciembre pasado, a más de 5 meses no solo no se ha producido, sino que no se tienen siquiera informaciones del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de que convocará dicho consejo a estos fines, mientras en los corrillos se rumora que se espera la sustitución del presidente de la Cámara de Diputados miembro  de dicho organismo, lo que hace sospechar que no se quiere ceder ninguna posición a la facción que representa.

El irrespeto a un mandato tan claro como este y el preocupante poco seguimiento que se da a su cumplimiento, incluso por parte de los líderes opositores, es un fiel retrato de nuestros escasos niveles de institucionalidad y desarrollo.

Esta inexcusable violación no solo está recortando el tiempo que tendrían los eventuales nuevos designados para ejercer sus funciones, sino que está incidiendo en la productividad de esta importante Corte, provocando mayores dificultades en la toma de sus decisiones que están llamadas a garantizar la supremacía de la Constitución y erosionando su fortaleza para velar porque las mismas sean respetadas por todos los órganos del Estado.

No es cierto que la aprobación de una ley de partidos o la imposición de un método para elegir sus candidatos sea garantía de mayor democracia, pero menos lo será si el tránsito de su aprobación se lleva de encuentro la propia Constitución postergando la renovación del Tribunal Constitucional por conveniencias políticas coyunturales.  Al final pudiéramos tener esta ley, pero menos institucionalidad y, por ende, menores garantías de su cumplimiento.